En Balears se han puesto puertas al campo y al mar. Y el fenómeno va a más, alentado por una privatización excesiva del territorio que ha hecho que hasta el Ministerio de Defensa ponga en venta propiedades públicas para disfrute de acaudalados extranjeros.
Pasear por montes abiertos se ha convertido en un reto. «Pohibido el paso; propiedad privada», reza en carteles que limitan la libertad de movimiento. Hay demasiadas zonas, incluida costa okupada por privilegiados con villas en primera línea que extienden sus parcelas hasta el mar, con escaleras propias y plataformas hormigonadas para tener solárium particular. Cuántas veces es imposible la servidumbre de tránsito que exige la Ley de Costas por la propia orografía y aunque uno estuviera dispuesto a dar un rodeo kilométrico, convirtiendo en único acceso la vía marítima, si tienes barco o estás fuerte para nadar.
En muchas ocasiones son los excursionistas y amantes del entorno los que se han organizado para velar por nuestro territorio y nuestro derecho de disfrutar de una naturaleza conquistada por la venta de las islas. Algunas entidades llevan tiempo convocando movilizaciones para lograr la reapertura de caminos públicos apropiados por dueños de fincas por las que pasa el trayecto.
No se trata de reivindicar el paso como Pedro por su casa en los terrenos privados. Se trata de recuperar los caminos públicos cuyos trazados pasan por ellos, muchos construidos por los propios residentes hace décadas e incluso siglos. Hay unos 200, más otros 160 de primeros pobladores que también son públicos, según calcula Grup d’Amics en Defensa del Medi Ambient (Gadma).
En Mallorca y Menorca tenemos una Ley de Caminos que promovió Més desde el Consell y que fue aprobada por el Parlament en diciembre de 2018, pero el PP la recurrió ante el Constitucional en 2019 alegando el derecho a la propiedad privada. Y una cosa no quita la otra. Más bien al contrario: hay que combatir la usurpación de un bien público, que ni la figura legal de la usurpación debería amparar. Son okupaciones, con k. La ley afecta a caminos rurales públicos y rutas de interés excursionista para dotarlos de un régimen jurídico e insta a catalogarlos para que sean de acceso libre y gratuito para la ciudadanía. No solo una administración puede reclamarlos, también un particular. Lástima que Eivissa y Formentera no se sumaran.
El Consistorio de Artà acaba de abrir tres expedientes promovidos por denuncias. En Bunyola hay inactividad, pese a que los vecinos reclaman recurrentemente la apertura del camí de Passatemps. Hay muchos más casos. Consell y ayuntamientos deben actuar para que el pueblo recupere lo que es suyo, un patrimonio natural que nos permite conectar con nuestro entorno, con sus árboles y montañas, y con nuestra historia y su pasado.
