No les falta razón a las inmobiliarias y a los propietarios, sean particulares o sociedades promotoras, cuando denuncian la existencia de mafias que facilitan la entrada a los okupas en sus bienes inmuebles sin que las leyes les amparen para impedírselo o, simplemente, les obliguen a que los desalojen. Sucede en el tristemente célebre complejo de Ses Canaletes, en Son Parc, donde un proceso legal eterno por la titularidad de varios apartamentos ha propiciado un tráfico de llaves entre okupas convirtiendo aquello en el degradado barrio del Bronx menorquín.
Los que esta semana han tomado posesión de los cuatro chalés de lujo de Coves Noves, sin el más mínimo reparo para jactarse de ello en redes sociales y en televisión, proceden de Ses Canaletes. Ese avance social obtenido sin esfuerzo -vistas al mar, jardín, piscina, subsidio de 1.500 euros, el marido con trabajo y un BMW...- supone que tras ellos pueden venir otros en busca de esa mafia organizada que controla inmuebles vacíos, fuerza puertas, cambia cerraduras y posteriormente vende llaves para que sean ocupados impunemente. El impacto de la noticia no puede ser más negativo para Menorca.
Los usurpadores, con el escudo de sus hijos, saben que tienen residencia de clase alta asegurada durante uno, dos o tres meses hasta que un juez les condene al desalojo. Que les quiten lo bailado «porque tengo cinco hijos menores, he pasado mucho y me lo merezco», como dice la autodenominada okupa de categoría.
Acabarán saliendo, por supuesto, pero mientras tanto la propiedad pierde la opción de disfrutarlos, alquilarlos o venderlos, como les sucede a quienes lamentan el día que se les ocurrió comprar los de Son Parc. Cuando los recuperen, además, deberán invertir para adecentarlos de nuevo porque normalmente los allanadores no son muy cuidadosos.
El derecho a la vivienda lo ha de brindar el Estado con políticas sociales pero no con la permisividad de leyes que sabotean los derechos de los propietarios ante quienes se benefician de ellas.