Que 11 años después de aprobarse una ley y casi 10 de que entrara en vigor haya gente que se la salta, es una absoluta desvergüenza. Que esas organizaciones sean administraciones públicas aún indigna más. Que haya incumplimientos con impunidad y se publiquen resultados de evaluaciones que no sonrojan a ningún dirigente es, cuanto menos, sorprendente. La falta de sanciones que prevé la norma evidencia que algunas leyes son papel mojado y que quienes deberían acatarlas con ejemplo actúan con soberbia y quienes deberían aplicarlas con disciplina ofrecen un trato discriminatorio, en este caso en beneficio del que la ignora, pese a que la exigencia debería ser mayor para el que ocupa un cargo público con la confianza de las urnas y tiene el privilegio de representar a la ciudadanía. Si la inconsciencia o involuntariedad fuera la excusa, recordemos que la ley es firme frente cualquier sujeto: el desconocimiento no le exime de cumplirla.
En diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia 19/2013 que obliga a las administraciones central, autonómica y local a publicar en sus páginas web toda la información de interés para el ciudadano. Una década después, el grado de cumplimiento de la ley en Balears es muy bajo. La evaluación de la Universidad Autónoma de Barcelona acaba de revelar que solo 12 de los 67 municipios de la comunidad obtienen un aprobado, lo que implica que 55 suspenden, un 82%. La gravedad es que no hay cambios de año en año, lo que evidencia un interés nulo por parte de los equipos de gobierno por no ser opacos e informar bien a los vecinos. El 42% saca una nota inferior a 1, es decir, un insuficiente tan bajo que resulta un absoluto desprecio a la ley y hacia los vecinos.
De los 12 aprobados, solo hay dos con sobresaliente y con certificación: Inca, en Mallorca, y Santa Eulària des Riu, en Eivissa. Excepcional porque ambos, además, mantienen el excelente que ya obtuvieron el pasado año, lo que demuestra su compromiso con la transparencia. En la isla principal la situación es tan alarmante que solo aprueba el 0,5% de los ayuntamientos (5 de 53), frente al 50% en Menorca y el 40% en Eivissa. Mal de muchos no es consuelo de tontos. Los alcaldes de los 55 ayuntamientos suspendidos deben trabajar intensa y urgentemente para solucionar sus deficiencias y los aprobados deben hacerlo para mantener o mejorar la nota.
La ineficiencia y la corrupción solo pueden combatirse mediante un gobierno eficaz y honrado, que comunique con veracidad y transparencia cada una de sus actuaciones. Que las administraciones públicas oculten información y datos es antidemocrático, además de vulnerar un principio legal y ético que es la rendición pública de cuentas, sobre todo porque su financiación se sustenta en una fiscalidad que pagan los ciudadanos. La participación ciudadana debe ir más allá de unos comicios cada cuatro años y la auditoria de los electores sobre la gestión de las instituciones debe, no solo respetarse, sino alentarse. Y cuando el vecino sepa que puede denunciar la falta de transparencia, el político empezará a preocuparse.