Ya se sabe que la fiscalía, en nuestro país, funciona de forma jerárquica, pero la orden de García Ortiz, a los fiscales del «procés» de amnistiar a Puigdemont y hacer desaparecer el delito de malversación, ha provocado la rebelión. No son buenos tiempos para García Ortiz, el hombre tranquilo que sustituyó al frente de la fiscalía general del Estado a Dolores Delgado, exministra de Justicia de Sánchez, y a quien ha perseguido la polémica allá a donde va. Pese a ser la mano derecha de Delgado y llegar al cargo por su recomendación, parecía que se abría una etapa menos polémica en este fundamental estamento de la Justicia. Pero ya se ocupó de aclarar Pedro Sánchez, cuando en una entrevista preguntó al periodista «¿Quién manda en la fiscalía?». Por si quedaba alguna duda de que quien mandaba era él. Con esos mimbres y la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso, García Ortiz supo que iba a tener que imponer por la fuerza su aplicación.
Si a eso se le suma el follón que tiene planteado por la filtración, bajo sus órdenes cómo no, de la negociación del novio de Ayuso frente al delito fiscal del que se le acusaba, la vida se le complica. Además, y a pesar de la «obediencia debida», la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado ante el tribunal que si difundió los datos privados fue porque recibió una orden por Whasapp de García Ortiz. Este tema va a terminar con su imputación en el Supremo donde, por cierto, no tiene buenos amigos. Por que son, precisamente los fiscales del Tribunal Supremo que juzgaron a los condenados por la declaración de independencia, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, los que se niegan a acatar su orden por considerarla improcedente. Le han exigido que les de la orden por escrito.
Y, para acabar de liarla, han pedido incluso que, de mantenerse la orden de amnistiar la malversación, deberá designar otros fiscales para que defiendan que utilizar dinero público con semejante fin no fue delito. La Junta de Fiscales, que se reúne el martes próximo para pronunciarse sobre la amnistía, puede dar el pistoletazo de salida al fin de la era de García Ortiz. No será la primera vez que un fiscal general deja el puesto con su prestigio profesional arrasado. Al igual que hay que renovar y modificar el Consejo General del Poder Judicial, es imperativo modificar la dependencia orgánica de la fiscalía general del Estado.