Corría el año 2016 cuando salió a la luz el libro que publiqué con el título «Hablando Claro». Corría el mes de abril. El libro en cuestión consta de cinco capítulos y un anexo. En el capítulo cuarto, y bajo el epígrafe «Propuestas para ganar el futuro», se insta a un pacto de Estado para la reforma del Poder Judicial.
La justificación era clara. Lo hacía con las siguientes palabras: «Estamos en un nuevo, y a caso, inesperado mapa de partidos, porque la ciudadanía a acabado recelando del juego del bipartidismo que se ha mantenido hasta los primeros compases del siglo XXI»; y seguía: «Las formaciones políticas deben revisarse a sí mismas muy a fondo; no para traicionar su corpus de pensamiento y sus valores medulares, sino para adaptarse a la nueva situación política, es decir: para leer de nuevo las páginas de la historia de nuestros días y ante todo, para dar respuesta a las graves incognitos que pesan sobre España: Constitución, Autonomías, Educación, Poder Judicial, crisis económica, Ley de Partidos, Ley Electoral y la insoportable corrupción que se da en las Administraciones Públicas».
Portada del libro ‘Hablando claro', de Joan Huguet Rotger
Ya han pasado ocho años desde esta publicación y vemos que en la actualidad el Gobierno de Sánchez, no solo ha agravado la situación de antaño sino que ha puesto aún más en riesgo la permanencia y pervivencia de la Constitución; de la unidad de España y de la concordia entre los españoles. En este último caso utilizando el guerracivilismo, como arma de destrucción masiva, contra todos aquellos que osen a cuestionar sus planteamientos y sus delirios políticos. Lo ha hecho, en propias palabras suyas, levantando un muro entre españoles de primera, los suyos, claro; y los de segunda, el resto, claro; a los que califica de herederos del franquismo, de ultraderecha y fachas.
Pero hoy quiero reivindicar el acierto del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para la «normalización institucional en el Consejo General de Poder Judicial y mejora de la Ley Orgánica del Poder Judicial»; pues, modestia aparte, parece sacado de lo escrito por mí hace ocho años en el libro antes mencionado, página 75, bajo el apartado: «La reforma del poder judicial».
En esta propuesta reflexionaba y proponía que: «El PP llevaba en su programa electoral de hace cuatro años la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el compromiso de volver al sistema de elección directa de los jueces de sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ocurría hasta que el PSOE cambió sin consenso la norma en 1985. De hecho, Ruiz-Gallardón elaboró un borrador en esta legislatura pasada cuando era ministro de Justicia. Pero, al final, el Gobierno abandonó el proceso de su aprobación», incumpliendo nuestro programa electoral.
En otro apartado apuntaba, que no haberse afrontado su reforma a tiempo trajo como consecuencia que: «… el máximo órgano de la organización judicial se ha desacreditado, extendiendo las sospechas de parcialidad sobre sus nombramientos con independencia de su valía personal, de la cual no tengo razones objetivas para dudar, pero no es menos cierto que su prestigio se ve contaminado por la politización de la elección».
En base a ello proponía que: «La reforma del sistema de elección de los jueces debería ser una prioridad política de todas las formaciones para acabar cuanto antes con la anómala situación de hoy. Ello constituye, además, un requisito esencial para regenerar la democracia, uno de cuyos pilares es la independencia real de la Justicia. Tras tres décadas –estamos en 2016- de permanentes escándalos y sospechas, ha llegado el momento de rectificar».
Y añadía: «No hay duda; en un Estado de Derecho la justicia es el verdadero garante de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Por ello, es una obligación democrática que la Administración de Justicia actúe con agilidad y eficacia para que ningún derecho quede menoscabado…» Dicho todo lo anterior proponía las siguientes acciones:
a) «Buscar un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros».
Hoy con satisfacción puedo decir que esta propuesta se ha tenido en cuenta y forma parte del acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y el Partido Popular en Bruselas, el 25 de junio del presente.
b) «Fortalecer la carrera de los profesionales de la Administración de la Justicia mejorando los procesos de selección, reforzando los programas de formación, así como el sistema de retribuciones».
Este punto también forma parte y se infiere del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE.
c) «Potenciar la especialización de jueces y magistrados, para la mejora de la calidad de la justicia y minimizar al máximo la intervención de los partidos políticos en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
d) Establecer la incompatibilidad de jueces y magistrados para que, una vez dedicados a la política no puedan reincorporarse al día siguiente a su plaza de juez o magistrado».
Estos dos puntos también, con otras palabras, forman parte del acuerdo alcanzado. (Continuará)