Eurostat lo publicaba hace pocos días: España es uno de los países de la eurozona donde se pagan menos impuestos directos (véase: taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/economics). En conjunto, España está entre 2,5 y 3 puntos inferiores en presión fiscal de la zona euro, 10 por debajo de Francia y a 3 puntos de Alemania. No existe, con datos en la mano, infierno fiscal alguno, y si España se situara en la media comunitaria en su política tributaria, ello reportaría a la hacienda pública unos 38.000 millones de euros adicionales.
En este contexto, la política de bajar impuestos se ha consolidado en gobiernos autonómicos en España, una promesa electoral que está suponiendo, esencialmente, reducir la capacidad recaudatoria de las regiones y, por ende, corroer mayores posibilidades para implementar políticas públicas. En tal sentido, AIRef, a partir de los presupuestos de las comunidades autónomas para 2024 y sus planes presupuestarios a medio plazo, acaba de emitir un informe en el que cuantifica, de forma desagregada por cada gobierno autonómico, el impacto recaudatorio acumulado. Los datos son importantes. Así, con esta política de bajadas de impuestos, comunidades como la valenciana deja de recaudar 624 millones de €, la de Madrid 453, la de Galicia 148, la de Andalucía 362 y la de Balears 169. El sumatorio de todas las regiones, con esa generosa política tributaria, asciende a 2.559 millones de €, lo que significa el 0,1 por ciento del PIB. Para las comunidades de Valencia, Madrid, Galicia, Andalucía y Balears, citadas más arriba, las contracciones sobre sus respectivos PIB van del 0,2 al 0,5 por ciento. Las cifras son relevantes. Y atañen, por ejemplo, a comunidades que están advirtiendo –con razón– que están mal financiadas, como es el caso del País Valenciano.
Ahora bien, si una hacienda autonómica dispone de ingresos más exiguos, y ello lo imputa al modelo de financiación, no parece razonable que cercene una disponibilidad propia, fiscal, para al menos no perder capacidad de recaudación. Esto tiene un nombre: corresponsabilidad fiscal. Sin embargo, en los casos de Balears y País Valenciano, ambos gobiernos subrayan que están mal financiados (sin que, al menos para el caso de Balears, se indiquen vías concretas para mejorar esa situación, una vez se ha alcanzado la financiación media per cápita); pero recortan sus ingresos de manera unilateral con un mantra que la economía aplicada ha revelado como fallido, a saber: que esos recortes impositivos inferirán mayores ingresos. Esto es, claro y raso, falso. Sin evidencias empíricas.
Pero es que, además, la misma AIRef pone otro dedo sobre otra llaga: Balears, por ejemplo, está desbocando el gasto en este último año, con incrementos que pueden superar el 11 por ciento. Y la entidad supervisora advierte que esto rubrica un claro incumplimiento en la ejecución presupuestaria. Fijémonos: se sesga la recaudación propia bajando los impuestos… pero se gasta mucho más. Con otro corolario: se pide al gobierno central que, de alguna manera, se compensen esos desequilibrios. Lo hemos dicho en otras ocasiones; lo reiteramos: una pésima estrategia para negociar.