Al posicionarse, en julio pasado, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) sobre el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, estimó necesario debatir qué debe ser considerado medio de comunicación.
La FAPE, que actúa aquí a través de la Associació de Periodistes de les Illes Balears, añadió que una simple autodeclaración para ejercer el periodismo «es insuficiente y hay que introducir otros criterios que respalden a los profesionales de la información frente a los activistas de la mentira y la desinformación». Al hilo de este reglamento de la UE, Pedro Sánchez anuncia 31 medidas para «dar mayor transparencia a la gestión de los medios de comunicación».
Entre otras cuestiones, nuevas leyes y normas decidirán qué es un medio y quiénes son los verdaderos profesionales, creará un registro con su financiación y controlará aún más el reparto de publicidad institucional. ¿Es transparencia o control político?
La Associació de Periodistes de les Balears, cuya presidenta, la profesora Ángeles Durán, acaba de ser reelegida, ha difundido un tuit, tras negarse a responder el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, las preguntas formuladas por un medio digital en la sala de prensa del Parlament.
«Los políticos no tienen competencia para definir quién es periodista ni deben interferir en la profesión», afirma la APIB, que añade: «Esta condición la determina la formación y el reconocimiento de entidades como la FAPE, y, en cualquier caso, el cumplimiento de los códigos deontológicos de una profesión que debe basarse en la autorregulación». Y, naturalmente, «los políticos tienen la obligación de responder a las preguntas de los periodistas». Todas y cada una.
En democracia, el ejercicio del periodismo solo lo controla el Código Penal; las maniobras de La Moncloa son pura injerencia. Solo faltará crear un nuevo Tribunal de Orden Público (TOP) que Sánchez convertirá en Tribunal del Orden Periodístico.