Los políticos que rechazan que las viviendas en Balears puedan ser vendidas a extranjeros insisten en que esta medida favorecería las aspiraciones de miles de residentes en tener una casa en propiedad. Aunque ellos sí pueden vender inmuebles a extranjeros, residentes o no residentes, entienden que limitar la venta supondría rebajar los precios actuales y que aquellos ciudadanos autóctonos que buscan una propiedad tengan oportunidades reales. La idea debe tener algún fallo cuando algunos de los destacados promotores la incumplen en su vida privada, pero lo realmente preocupante es que no se conoce un solo estudio mínimamente solvente que avale que limitar la venta a no residentes supondría una ventaja para los residentes.
¿Acaso creen que los extranjeros no residentes compran pisos en barrios de Palma? ¿No decían que los no residentes venían a comprar grandes propiedades para especular y perjudicar a los residentes? ¿Creen que alguien que tenga una propiedad dejará de vender a un no residente para favorecer a un residente rebajando el precio del inmueble? Me temo que esto nunca ocurrirá.
El problema no es la venta de viviendas a residentes o no residentes. Los expertos de verdad, no los políticos de pancarta, han dejado bien claro que las dificultades actuales se deben a la falta de oferta inmobiliaria. Cuando menos pisos o casas hay a la venta, los precios suben. Lo mismo con los alquileres, algo que cualquier persona con un mínimo de sentido común entiende y comprende. Luego está lo de dar seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles de alquiler, pero como son acusados de especuladores y fascistas ni tienen derechos ni nadie les escucha para que expliquen los motivos por los cuales prefieren tener los inmuebles cerrados a alquilarlos. Hay que ser bastante obtuso para creer que los propietarios están dispuestos a perder dinero cada mes en lugar de alquilar los inmuebles que ahora están vacíos. Igual es que temen a los morosos. O a los okupas. Porque seguramente los políticos que están tan preocupados con el afán especulativo de los propietarios desconocen que un desahucio puede tardar una media de casi dos años en solventarse. Mientras hacen demagogia el problema sigue sin resolverse.