La vivienda es uno de los más graves problemas que hoy tienen centenares de miles de ciudadanos. El precio está por las nubes y hay mucha demanda y poca oferta. No hay una única causa ni ha pasado porque sí. Cada año se forman en España 300.000 hogares según datos del INE. Familias, solteros, divorciados, inmigrantes, estudiantes, jóvenes que quieren independizarse necesitan una vivienda y no sólo no se construyen suficientes, sino que las políticas del Gobierno lo que han conseguido es agravar la situación.
La Ley de Vivienda aprobada hace algo más de un año y la medida de limitar la subida de los alquileres, tomada durante la pandemia y que aún sigue vigente, ha expulsado del mercado del alquiler miles de casas. Limitar el precio de un bien escaso sólo trae menos oferta y subida de precios.
Esto, que es de primero de economía, ha sido el empeño del Gobierno a sabiendas de lo que iba a ocurrir y no sólo por la experiencia vivida en otras ciudades europeas que habían tomado esta medida, sino por las recomendaciones de los expertos a los que por supuesto no se ha consultado. Es de cajón que limitar los precios, crear inseguridad jurídica y ser cómplice de la «inquiocupacion» sólo puede derivar en la situación actual.
El problema no para de engordar y sin embargo la promesa de construir miles de viviendas públicas no se materializa, se insiste en los errores antes mencionados y todo ello ha derivado en manifestaciones en la calle de inquilinos que piden la dimisión de la responsable de Vivienda y la demonización de los propietarios. Ahora que el Gobierno está más acorralado que nunca, saca del cajón una promesa que huele a naftalina y que consiste en prometer 200 millones en ayudas para el alquiler a jóvenes en determinadas circunstancias. La demagogia no arregla problemas ni tapa vergüenzas. El acceso a la vivienda seguirá siendo un problema si no se toman las medidas adecuadas y se hace recaer todo el peso en los «malditos especuladores» propietarios.