Ni los datos socialmente más estremecedores consiguen desviar a los partidos políticos de la obsesión por la descalificación del contrario. Mientras en el Parlament el debate entre Govern y oposición se enredaba desde la bancada de izquierda con la calidad de los votos para la aprobación del techo de gasto, usando terminología del calibre de apoyos tránsfugas y el Govern y sus diputados argüían el papel de Francina Armengol en la trama de Koldo y las mascarillas, un titular en portada de este periódico debería obligar a todos a dejarse de palabrería irritante e inútil y ponerse a trabajar: Más de 4.000 familias están en la lista de espera para un piso del Ibavi (Instituto Balear de la Vivienda).
Esa cifra es la punta del iceberg, los datos oficiales. Los puentes incrementan el dramático censo de instalados bajo sus arcos y los asentamientos chabolistas, los parques de autocaravanas, los improvisados campamentos de tiendas de campaña en parques y jardines –incluso una se montó entre la Llotja y el Consolat de Mar– son la dura realidad de tener que vivir en la calle por falta de vivienda. La carencia no se ha producido de un día para otro. Venía gestándose desde hace años sin que ninguna administración, ni derechas ni izquierdas, fuera capaz de ir colocando primeras piedras de promociones –con lo apreciadas que son esas fotos– que hoy formarían parte de una más amplia oferta frente al desbordamiento de la demanda. Al Gobierno de Sánchez le han entrado las prisas a partir de las manifestaciones callejeras de protesta –Madrid, Valencia, mañana en Palma– y, ahora, la ministra del ramo ofrece un pacto de estado que ni sus socios apoyan. Frente a Isabel Rodríguez, los aliados del sanchismo, Sumar, Podemos, ERC, en la línea de la ortodoxia comunista, exigen la intervención directa del mercado de la vivienda –también Més va por la vía de las restricciones, en su caso, la de venta de inmuebles a no residentes– y la rebaja de los precios de alquiler por la fuerza, a decretazo limpio. Cuando las experiencias de estas características han puesto de manifiesto que el alquiler se ha retraído y los precios han continuado subiendo. Y se da la paradoja de que los asociados de Sánchez acusan a su gobierno de lo mismo que el sanchismo insular achaca al Govern de Prohens: estar más cerca de los propietarios que de los inquilinos.
En Balears, la recriminación se sustenta en la iniciativa que el Govern denomina Alquiler Seguro: la administración intermedia entre propietarios de viviendas y potenciales inquilinos solventes, de rentas medias, para ahuyentar el temor del propietario a arrendatarios morosos, ocupaciones y desperfectos en la propiedad. El programa puede facilitar que salgan al mercado un determinado número de viviendas, pero ahí seguirán las 4.000 familias que esperan un piso del Ibavi. El organismo cuenta con algo más de 2.300 pisos, el 0,3 % de todos los inmuebles, el menor parque público de vivienda cuando se compara con el 2,5 % nacional, también muy por debajo del 9,3 % de la media europea. Por añadidura, el Govern planea exigir cinco años de residencia en Balears para acceder a un piso público. A quienes vayan llegando o la renta no les alcance, les quedará el puente. Hasta que haya más vivienda pública. Va para largo.