España experimentó crisis bancaria entre 1977 y 1980. El sector experimentó un impulso, en número de oficinas y de personal, que duró hasta dicho último año. Los gastos de explotación pasaron de 2,55 por ciento (1974) del pasivo patrimonial medio a 3,53 por ciento (1979). Ello, junto al aumento del margen de intermediación, ocasionó el alza del coste del dinero; en consecuencia, se registró un encarecimiento del crédito, por falta de eficiencia bancaria.
La crisis incidió en la banca industrial. Por Real Decreto de noviembre de 1977 se creó el «Fondo de Garantía de Depósitos»; y el 1 de marzo de 1978, la «Corporación Bancaria, S. A.»
Entre 1978 y 1985 fueron 58 bancos los afectados por la crisis. Fernando Abril destaca dos razones explicativas de la crisis: 1) Violenta política monetaria de contracción de precios: lucha contra la inflación; y 2) desde 1971: la flotación de divisas, que elevó el nivel de riesgo de las operaciones exteriores.
El precio del petróleo a principios de 1979 era de 12-13 dólares el barril y a finales de ese mismo año fue de 30 dólares el barril. Los precios subieron alrededor de tres puntos.
La relación de intercambio empobreció a los países importadores de petróleo. Se pudo paliar el empobrecimiento por la elasticidad de la demanda de exportaciones para cada país. España contó, de modo positivo, con la relativa rigidez de la demanda exterior de turismo; pero las exportaciones restantes fueron muy vulnerables por su escaso contenido tecnológico. Aquí, la apreciación de la peseta moderó los efectos de la inflación inicial; y las reservas acumuladas con la mejora de la balanza de cuenta corriente paliaron los efectos deflacionistas.
Después de las elecciones de marzo de 1979, a comienzos de dicho mes hubo un debate parlamentario sobre la situación económica, fruto de la declaración del presidente Suárez que había terminado la política de consenso.
Fernando Abril, presentó el «Programa Económico del Gobierno» (PEG) el 25 de septiembre de 1979. Las dificultades del gobierno provenían de que el ajuste económico de 1973-1974 recayó sobre la inversión y no sobre el consumo, lo cual fue la causa del ulterior desempleo, con el que se enfrentaría la economía española a partir de la segunda mitad de 1979. Entre 1974 y 1979 se produjo un derrumbamiento del sistema de planificación económica indicativa.
Fernando Abril, y su equipo, tuvieron una novedosa visión. Fernando Abril defendió la descentralización del sistema económico y de que era necesario institucionalizar el diálogo en el conflicto social, lo cual condujo a la aprobación del Estatuto de los trabajadores, evitó la creación de nuevas empresas públicas; no obstante, su filosofía al respecto fue un planteamiento a largo plazo, que otros desarrollarían en el futuro; asimismo, las nuevas relaciones industriales comenzaron a andar. Dice Luis Gámir: que «el PEG era ideológicamente más pro mercado que la media de la filosofía económica del periodo 1978-1979, aunque se mantenía en lo que podemos denominar política de centro» (Gámir, 1985).
Abril Martorell abundó en su concepción: «Se dice que el Gobierno no se va a echar para atrás en la política de liberalización de precios; pero entiéndase que esa política requiere precisamente la formulación de un mercado en condiciones de competitividad y, por tanto, obliga a resolver la situación de los oligopolios que se puedan plantear»; y añadía: «procurar que en cada economía los costes relativos de los factores de producción se acomoden a sus ofertas relativas y aceptar las adaptaciones productivas que induzca la constelación de ventajas comparativas internacionales» (Congreso, 2 de septiembre de 1979, núm. 32, 1886 y 1888).
Fernando Abril fue contundente en el debate de la Cámara: «la creación de las nuevas empresas públicas debe hacerse mediante ley», señalando que «si la empresa pública ha de incurrir transitoriamente en pérdidas estructurales, que lo sepamos, que lo aprobemos y que lo paguemos. Pero que no nos pasen la factura de pérdidas, porque eso es responsabilidad de cada uno; que cada uno sepa lo que tiene que perder, y que pague» (Congreso, 2 de septiembre de 1979, núm. 33, 1944).
Respecto a la política salarial, afirmó Abril Martorell que en el Programa había una «desescalada en cuanto a un concepto de dirigismo salarial… los sindicatos deben negociar con los empresarios… la negociación básica es entre los empresarios y los trabajadores… antes de hacer uso de la fuerza, aunque sea una fuerza constitucional… hay que negociar, negociar y negociar» (Congreso, 2 de septiembre de 1979, núm. 33, 1949).
Aquel fue el momento de plenitud política de Abril Martorell (otoño, 1979); se le observa muy seguro, por tanto, también convincente. Tenía todo el apoyo de su presidente y amigo, Adolfo Suárez. Habían ganado las elecciones; el PEG fue aprobado en el Parlamento; y el Estatuto de los Trabajadores, preparado por el Gobierno, se estaba abriendo camino. Fueron importantes las jornadas de reflexión convocadas por Abril Martorell y la búsqueda de un acuerdo salarial, que facilitó el entendimiento entre UGT y CEOE, despejando el camino hacia el Acuerdo Marco Confederal; este fue un hecho histórico. El objetivo era construir un modelo de relaciones industriales. El método fue la negociación continuada en el marco democrático. El problema clave era hacer frente al desempleo. Los afiliados a UGT tomaron conciencia del carácter general de los problemas que afectaban a los que tenían empleo y especialmente, claro está, a los parados; esta actitud consolidó el sindicato.