En marzo de 2025 finalizará la prueba piloto realizada en Sant Lluís para ampliar la ayuda a domicilio, ofreciendo más días y horas para transformar este servicio en uno de alta intensidad que retrase o evite los ingresos en geriátricos. Dentro de unos meses por tanto se valorará cómo ha funcionado y si pasa a incluirse en la cartera de servicios del Consell. El convenio que en 2023 firmaron el Ayuntamiento y la institución insular era por dos años y el servicio no puede seguir con la misma fórmula jurídica, debe reconvertirse y la duda es si pasará a ser fijo. Reforzar la ayuda a domicilio es un objetivo que la Conselleria de Bienestar Social ha manifestado en reiteradas ocasiones, como una vía de dar salida a una demanda que las residencias actuales no cubren y que siempre va por delante de las licitaciones y ejecuciones de obras y reformas.
El problema que hay ahora sobre la mesa va más allá de la financiación de las horas de dependencia y la inversión en nuevos edificios: no hay suficientes manos. Todos los municipios tienen problemas para encontrar trabajadoras del sector de los cuidados y sociosanitario; desean avanzar, como así manifestaron los alcaldes en la última comisión, hacia mancomunar esta asistencia para tener una bolsa única de aspirantes y simplificar los procesos. No es sencillo. Hay factores como la movilidad entre municipios que se deben tener en cuenta. También se estudia ampliar los perfiles profesionales y que personas con estudios básicos y un certificado habilitante puedan prestar los cuidados. Ahora mismo la normativa no lo permite, el decreto que regula este tipo de atención establece una serie de requisitos y titulaciones para los candidatos a estos trabajos.
Sin embargo, en el día a día, son muchas las empleadas, cuya titulación desconocemos, contratadas por las familias para contar con esa ayuda que no consiguen de la Administración. La realidad siempre se impone.