El 8 de agosto entró en vigor la plena aplicación del Reglamento Europeo para la Libertad de los Medios de Comunicación.
Ha sido aprobado para proteger a los periodistas y garantizar la independencia y el pluralismo de los medios en Europa, pero su puesta en práctica se retrasa por la falta de voluntad política de los Estados miembros. El director general de Reporteros sin Fronteras, Thibaut Bruttin, que en julio denunció «el periodismo está en peligro y la libertad de prensa retrocede en el mundo», denuncia que muchos países de la UE no han adaptado el reglamento a sus legislaciones nacionales.
«La Comisión Europea –reclama Bruttin– debe exigir responsabilidades a los gobiernos que bloquean o demoran su aplicación y recurrir contra quienes incumplen sus obligaciones». Sin voluntad política para aplicarlo, corre el peligro de quedar en papel mojado. Corresponde al Gobierno PSOE-Sumar concretar y resolver cómo aplicar gran parte de las medidas. Entre ellas, las destinadas a proteger a los periodistas y a los prestadores de servicios de información de presiones e injerencias políticas.
El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, aprobó antes de vacaciones un proyecto de ley para adaptar la legislación española a este reglamento de la UE. Pero olvidó incluir aspectos tan relevantes como la regulación de la publicidad institucional, la medición de las audiencias y la gestión de los medios públicos.
La profesora Ángeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas de Balears, ya advirtió en Menorca, en octubre de 2024, en la conferencia sobre «Periodismo y posverdad» que «lo importante es que las leyes nacionales conserven el espíritu de la norma europea y no la aprovechen para incorporar medidas de control a los medios y a los periodistas». Que el remedio no sea peor que la enfermedad.