Una de las etapas políticas que más me ha interesado conocer y analizar en profundidad es la de los gobiernos de José María Aznar. Fue entonces cuando la corrupción se generalizó y quedó institucionalizada dentro de los programas políticos del Partido Popular.
Manuel Vázquez Montalbán nos presentó a Aznar en su estado puro: un político que encarnaba la llamada «aznaridad», es decir, un neoliberalismo desenfrenado cuyo objetivo central era privatizar las empresas públicas y los servicios comunes de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Ese neoliberalismo seguía el modelo aplicado por Reagan y Thatcher, quienes iniciaron el desmantelamiento de los sindicatos a través de duros ataques mediáticos y del uso de las cloacas del Estado. Con la colaboración de grandes empresas, se impusieron despidos ilegales, precariedad laboral y un desprestigio sistemático de los trabajadores organizados.
Uno de los elementos más importantes para comprender esta larga etapa son los fondos documentales, los archivos periodísticos y las hemerotecas, que hoy nos permiten desmontar los falsos relatos y las mentiras que ciertos sectores de la ultraderecha utilizan para hacer germinar el neofascismo.
La historia de la corrupción política en las islas está profundamente conectada con episodios del pasado: contrabandistas que organizaron sus propias mafias, impusieron sus criterios y, tras amasar grandes fortunas, se hicieron con patrimonios inmensos en terrenos, inmuebles e incluso en el sector financiero.
Por eso preocupa la gran corrupción institucional durante la etapa de Gabriel Cañellas, quien se salvó de ser juzgado y encarcelado gracias a la prescripción de sus delitos. Todos callaron en su momento.
Durante ese largo periodo, los historiadores y periodistas de investigación tienen ante sí un amplio campo para adentrarse en los bajos fondos de los consells insulares y de los gobiernos del PP con Jaume Matas y su entorno.
Sin embargo, muchas de las personas implicadas en esas tramas prefieren hoy atacar al Gobierno de Pedro Sánchez para tapar las corrupciones mafiosas que ellas mismas gestionaron a través de intermediarios.
Tampoco podemos olvidar los casos de corrupción en Andalucía, Valencia, Murcia, Cataluña, Galicia, Madrid y en tantas otras regiones. Todo ello está documentado en numerosas publicaciones con nombres y apellidos.
¿Por qué trato estos temas?
Porque llevo tiempo reivindicando una regeneración política en todas las instituciones, organizaciones y colectivos sociales que funcionan como correas de transmisión del poder.
Regenerar es difícil, sobre todo en una democracia en crisis, incapaz de dar respuestas sociales y que provoca movilizaciones masivas para defender la educación y la sanidad públicas, los servicios sociales y el acceso a la vivienda.
La regeneración no consiste solo en aprobar nuevas leyes, sino en cumplir y aplicar las existentes en todas las instituciones del Estado, incluyendo una judicatura que debería ser independiente y no actuar desde una justicia «tuerta».
El lawfare siempre ha existido en la Justicia española: un fenómeno ideológico vinculado al pensamiento ultraconservador y al peso del hecho religioso. Mis dudas están al observar como algunos profesionales de los medios con sus informaciones se dan la mano con algunas de las decisiones judiciales.
También es imprescindible mejorar la formación académica con más medios y con contenidos que reflejen la pluralidad del Estado, su Constitución y las culturas nacionales y regionales que compartimos. No necesitamos una «policía patriótica», semilla del neofascismo que crece en muchos lugares de nuestro país.
¿Y qué tiene que ver todo esto con la política actual?
Para llegar a esta situación, la derecha tuvo primero que desmantelar las organizaciones sindicales, quitarles fuerza y desprestigiarlas usando las cloacas del Estado y sus seguidores ultraderechistas.
Después centró sus esfuerzos en desmovilizar las asociaciones vecinales y el mundo de la cultura. No fue tarea fácil, pero contaron con los grandes medios de comunicación del IBEX 35, especialmente las televisiones privadas y sus tertulianos ultras, bien subvencionados por medios digitales afines.
Estos canales y las redes sociales han sido el alimento que ha permitido el auge de la ultraderecha entre la juventud: un terreno fértil donde las derechas difunden sus relatos para una masa social que ingenuamente cree que Feijóo y Abascal resolverán los problemas de vivienda, sanidad, desempleo, pensiones o salarios.
La precariedad laboral y el desmantelamiento del Estado del bienestar comenzaron con Aznar y su equipo, que declararon una auténtica guerra de clases desde el poder, atacando a los sindicatos —la mejor defensa de la clase trabajadora—. Sin esas organizaciones, no se habría conseguido nada.
El capital no tiene sensibilidad alguna, solo busca beneficios a costa de la explotación salarial. Comprenderlo requiere conciencia de clase y una formación académica basada en el pensamiento crítico, algo que incomoda al poder.
Prefieren una ciudadanía dócil, que asuma falsos relatos y bulos.
Las recientes movilizaciones de miles de mujeres en Andalucía, Valencia y otras comunidades contra los recortes del PP en sanidad pública son una muestra de la conciencia social que crece para defender lo público.
Frente a ellas, resurgen grupos neofascistas que actúan como las viejas camisas pardas o los escuadristas italianos.
Menorca no será una excepción. Nuestra isla no está al margen de lo que ocurre en el resto del Estado y de Europa.
La ultraderecha también tiene aquí su fuerza, aunque permanezca, de momento, en silencio.