No sé, como es lógico, si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será declarado culpable o será absuelto del delito de filtración de documentación secreta. A la vista de cómo ha ido el juicio oral, de la falta de pruebas incriminatorias, de solo sospechas que no llegan a indicios consistentes, todo apunta a que no será condenado. Pero la lógica judicial ya no es lo que era. Por eso, en la misma sala del Supremo se respondió con una carcajada la afirmación del jefe de la UCO de que no hacen «investigaciones prospectivas».
La operación «salvar al novio de Ayuso», impulsada por Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de comunicación, que para proteger a la presidenta de Madrid le es lícito mentir con la filtración de una versión falsa, ha conseguido su objetivo. Es decir, se inicia con un expediente de Hacienda por un fraude fiscal, cuyos inspectores desconocían que el afectado fuera novio de alguien, y se acaba con el fiscal general del Estado en el banquillo. El caso es un paradigma de las dinámicas de la política actual. El acoso y derribo del adversario con todas las armas posibles. Es una liga en la que se van enfrentando los equipos rivales, en las semifinales, uno de ellos consigue la intervención de la UCO, por orden judicial, y la final se celebra siempre en el juzgado.
Conveniente romper esas dinámicas bélicas. (Irene Montero ha dicho en la tribuna del Congreso la barbaridad de que «hay que reventar a la derecha»).
Para cambiar hacen falta actitudes ejemplares. Estamos tan inmersos en la suciedad del debate, que nos olvidamos de la buena gente de la sociedad. Por eso creo que el fiscal general, si es declarado no culpable, debería dimitir. Porque, al margen de la sentencia, no podrá ejercer el cargo sin sufrir las consecuencias de este proceso. Siempre estará ligado al juicio por la filtración. Nadie es imprescindible. Yalguien debería dignificar las instituciones, para que la democracia no se convierta en un continuo asalto al poder.