Como ha dicho Gabriel Rufián, Ayuso no se toca. Y si algún despistado la roza, se le aparta sin contemplaciones. Así de sencillo. El único beneficiado de todo este ruido es González Amador, un auténtico maestro del victimismo de manual pese a reconocer sus delitos fiscales. El alegato donde expresó sentirse asesinado públicamente, llegando a mencionar el suicidio, refuerza esta imagen, mientras se le abona una indemnización por daños morales. Varios periodistas que afirmaron que conocían el caso antes de la supuesta filtración no interesan porque sugeriría que la información era conocida por muchas fuentes y pondría en duda que la única vía fuera la de la Fiscalía. Por tanto, no encajan en este drama que necesita la derecha para seguir sacando pecho.
En este turbio escenario aparece, como siempre, el malévolo Miguel Ángel Rodríguez, que se califica a sí mismo como periodista o pronosticador. No hay mentira, exageración o bulo que no se atreva a soltar. Su actitud ante el juez, reconociendo no necesitar pruebas para sus afirmaciones, lo dibujan como un jeta en toda regla. Lo grave es que lo hace porque sabe perfectamente que nada le ocurrirá. La falta de vergüenza del entorno de Ayuso es notoria. Por otra parte, el Supremo ha mostrado algo preocupante. La división entre los cinco magistrados conservadores y los dos progresistas. A buen entendedor, pocas palabras. La justicia que asumimos ingenuamente que debería ser neutral, se fractura por cuestiones ideológicas y ya nadie tiene el menor decoro de disimularlo. Lo preocupante de esta normalización es que se acepta con un simple encogimiento de hombros. Así se degrada un Estado de derecho. En resumen, la condena, sin que se conozca aún la sentencia íntegra, es el triste anuncio de una justicia partidista que persigue únicamente fines políticos. La búsqueda de la verdad se enreda irremediablemente.