Afortunadamente hemos superado el 20-N y retomamos la compleja realidad. Para muchos Franco era el Caudillo que trajo orden y progreso y, para otros, un dictador represor. A estas alturas lo único que debería unirnos es honrar a las víctimas de aquel sinsentido fratricida con independencia de bando y partido. Porque la democracia está enfangada y dista mucho de la campaña ‘La democracia es tu poder’ que ha lanzado el Gobierno y que nos cansará hasta la saciedad. La democracia actualmente es deber más que derechos, y estas obligaciones, si no queremos hundir lo logrado, son exigibles a los ciudadanos, a los políticos y a la prensa.
En este estado del buenismo y las subvenciones cumplir con el deber de contribuir con los gastos públicos es algo asfixiante y que mata a una clase media que sustenta el sistema. Los políticos deberían atender con carácter prioritario a la lealtad institucional y al interés general frente al partidismo que nos sitúa ante una dictadura de partidos alejada de los ciudadanos. La prensa, por su parte, no debería atizar los ánimos comprometida por partidos y empresas. El deber de objetividad e imparcialidad debería imperar ante esa corriente de noticias falsas y sesgadas que incitan al enfrentamiento y la división. Aunque formalmente el sistema sigue presentando sus rasgos básicos (elecciones libres, separación de poderes y derechos fundamentales) creo que su día a día deja claro una importante devaluación de la calidad democrática. Una buena democracia no hubiera conducido a esta creciente polarización y a una notoria presencia de los extremismos de izquierda y derecha. No importa decir que en materia de gestión hay una percepción generalizada de impunidad frente a la corrupción política que de la parece que nadie saldría indemne. El poder corrompe y todos sucumben. Todo ello está llevando a la desafección política y al desencanto y el final de todo esto da mucho pavor si echamos la vista atrás.
Debemos ser responsables y también podemos ser optimistas. Es hora de reformas profundas y actuar desde la unidad. Los acontecimientos lo dejan claro: la condena del fiscal general nos exige reclamar una independencia judicial real; todas las tramas partidistas muestran que hay muchísimo trabajo para establecer definitivamente la transparencia en la financiación política; escándalos en materia de subvenciones, préstamos y contratos ponen de relieve una mayor intervención y control efectivo de la contratación pública. En definitiva, tenemos que confiar el gobierno a los políticos, pero siempre que se sometan al interés general y al principio de rendición de cuentas. Sin estas medidas, la democracia que vivimos es una fachada, una burla, otra forma de dictadura. Poder para cambiar todo esto es lo que debería promover este gobierno y todos los políticos que ostentan un cargo y nos representan en cualquier institución.