En 2012 el Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleadas del Hogar se integró en el Régimen General como un sistema especial. Diez años después, en 2022, se aprobó una normativa crucial para mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas, equiparando sus derechos a los de los trabajadores por cuenta ajena, incluida la obligación de cotización, la cobertura indemnizatoria y el cobro por desempleo. Desde 2024 se requiere además elaborar un documento de evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras del hogar. Las familias que quieran y puedan pagar este servicio son empleadores, y deben asumir nuevos costes y obligaciones, afrontando además la burocracia, es decir, lo que hace cualquier empresario.
La necesaria equiparación de derechos de este colectivo, prácticamente en su totalidad mujeres que se mueven en la precariedad y la economía sumergida, tiene sin embargo un efecto no deseado: muchos hogares que antes podían permitirse esta ayuda ya no pueden pagarla.
Esto explicaría las bajas cifras de afiliación que se registran, hoy día hay menos de la mitad de afiliadas que hace doce años. También el traspaso de esas trabajadoras a las empresas del sector, floreciente y con demanda al alza. Sin embargo todavía es un sector precarizado que se nutre de mano de obra femenina, si no de aquí, llegada de otros países, y con buena parte de su actividad en B.
Lo cierto es que este paquete normativo contiene avances importantes para un trabajo a menudo infravalorado y poco agradecido cuando no se tiene que pagar por él. No hace tantos años muchas mujeres abandonaban profesión, si la tenían, e ingresos que les permitieran tener una independencia económica para volcar sus vidas en un escueto «sus labores» en cualquier documento oficial, y eso incluía todo: cocina, lavandería, limpieza, gestión y contabilidad del hogar, cuidado de niños y ancianos y un largo etcétera. Todo ello sin prevención de riesgos ni cotización para el futuro.