Probablemente esté asistida por la razón la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Balears cuando subraya en la memoria del año pasado que los residentes menorquines ya han superado las reticencias iniciales con las que acogieron la construcción del nuevo Centro Penitenciario de Menorca hace ya casi 15 años.
El enorme edificio agrisado con tonos oscuros preside desde entonces el tramo entre Maó y Sant Lluís, paradójicamente separado apenas por unos metros, del cuartel de la Guardia Civil que, por cierto, necesita varias capas de pintura en sus desconchadas fachadas, entre otras reformas.
Los residentes menorquines se han habituado a no voltear la cabeza cuando transitan por la vía que conecta con la costa sur del levante insular para evitar la visión poco sugerente de la cárcel, o sencillamente, ya la tienen interiorizada como si se tratara de un supermercado u otro bloque de viviendas con rejas más allá de la cuneta.
La prisión menorquina, vista su trayectoria residencial desde que fuera inaugurada en 2011, es la infraestructura estatal más desproporcionada de cuantas tenemos en la Isla, pese a que es la que menos servicios procura a los residentes. Afortunadamente son pocos los que han de utilizarla por lo que se mantiene con una ocupación muy por debajo de la capacidad de sus celdas. El año pasado fueron unos 70 internos -cifra más elevada de la media habitual- cuando la prisión está hecha para poder acoger hasta 210 penados.
Dentro del mal trance que supone la privación de libertad, es cierto que hacerlo cerca de casa y con la opción de recibir la visita de los seres queridos con periodicidad es una ventaja que no está alcance de todos, como sí sucede en Menorca.
Sería conveniente, sin embargo, que otros recursos estatales llegaran a laIsla y estuvieran a la altura para los residentes, aunque en la mayoría de los casos viene a suceder todo lo contrario. La cárcel de la carretera de Sant Lluís es la excepción aunque solo sirva a un grupo reducido de personas.