Los precios del metro cuadrado en Balears han oscilado en 2025 entre los 3.000 y los 5.000 euros según la ubicación de la vivienda, alcanzando incluso cifras superiores en enclaves privilegiados; los importes mensuales que se manejan para el alquiler son coherentes con los anteriores, lo cual conduce a la realidad de una vivienda inaccesible para la mayoría de las economías familiares. Las previsiones para el año recién comenzado no varían de signo.
La vivienda lleva camino de consolidarse como una carencia estructural cuyas consecuencias son demoledoras social y económicamente: el mapa del chabolismo y los asentamientos de tiendas de campaña y caravanas crece fuera de control; las empresas tienen dificultades para completar sus plantillas por la imposibilidad de los trabajadores venidos de fuera para encontrar techo; y lo mismo ocurre con funcionarios de la administración del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, y médicos, enfermeras, profesionales sanitarios. El coste de la vivienda es una barrera para la atracción de talento o para su conservación. Como dato en paralelo, la edad media de salida del hogar familiar es en la actualidad de treinta años, cuatro más que la media europea, y si el horizonte es el de compartir piso a los cuarenta es lógico buscar un futuro más halagüeño fuera de las fronteras propias.
Los datos acerca de viviendas vacías en Balears varían según las fuentes pero en cualquier caso se cuentan por muchos miles, en buena medida por las segundas residencias que se utilizan solo durante breves períodos anuales; por otro lado, a causa de la decisión de los propietarios de mantenerlas sin uso, básicamente por miedo. Miedo a la okupación, miedo a la morosidad, miedo a las leyes que colocan al infractor por delante del propietario. El presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España (Apei), Óscar Martínez, pedía facilidades para que los propietarios de viviendas paradas las puedan poner en alquiler. Es evidente que si los poderes institucionales no proveen las condiciones adecuadas –seguridad jurídica, garantías de cobro del alquiler, apoyo frente a okupaciones e impagos, eficiencia judicial– difícilmente saldrán al mercado esos miles de viviendas que figuran en la estadística de vacías. Una mayor oferta frente a la creciente demanda debería servir para contener la escalada de precios.
No deja de ser un sarcasmo que en la carta a los Reyes Magos, solicitada por este periódico a los partidos, la izquierda, el sanchismo y sus aliados, sitúen en primer término la exigencia de soluciones a la falta de vivienda, si se recuerda el magro balance de sus ocho años de gobierno. Los dos grandes partidos tienen la responsabilidad de hablar, y alcanzar acuerdos si ello fuera posible, para al menos transmitir algo de esperanza a quienes hoy no la tienen. Y también porque el acceso a la vivienda determinará el ejercicio político que comenzará después de la festividad de Reyes y todo el ciclo electoral iniciado en Extremadura. Decía Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, que «el alcalde que no tenga grúas en su municipio, perderá las elecciones». Además de un problema social, la vivienda será una cuestión de supervivencia electoral.