Adolfo Suárez, el hombre que puso los andamios y construyó el excepcional edificio de la Transición política, ideada por Torcuato Fernández-Miranda desde el principio político ‘de la ley a la ley’, y liderada por el rey Juan Carlos I, ha sido cuestionado por una mujer anónima.
Aquellos supuestos hechos habrían ocurrido, un presunto delito de agresiones sexuales que habrían sucedido en la década de los ochenta del siglo pasado han motivado ahora, cuarenta años después, la denuncia de esta mujer. Según el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, «juzgar a los muertos es una aberración jurídica». Añade que este caso no plantea un dilema legal complejo ni un vacío normativo: es una utilización espuria del sistema judicial con fines políticos y simbólicos.
El presidente Suárez no debería ser noticia por unos hechos prescritos y no acreditados, sino porque, cuando debatimos la limitación de la compra de viviendas a los extranjeros, es el momento de recordar que el ‘hombre de la dignidad’ -por su resistencia en el 23-F con Gutiérrez Mellado- en enero de 1979, ya propuso frenar la compra de viviendas por no residentes.
La Comisión General de Subsecretarios, reunida bajo la presidencia del ministro de la Presidencia, José Manuel Otero, aprobó el proyecto de decreto para restringir la compra de propiedades territoriales por parte de ciudadanos extranjeros en Balears y Canarias. Los denominados «súbditos foráneos» no podrían adquirir más de dos chalets, bungalows o apartamentos unifamiliares. En el caso de terrenos, la superficie máxima permitida se fijaba en 2.000 metros cuadrados, tanto para personas físicas como jurídicas.
Era una iniciativa valiente y novedosa, que favorecía a los residentes en los dos archipiélagos, pero las presiones de los poderosos agentes inmobiliarios impidieron que entrase en vigor.