Pedro Sánchez ha vuelto a situar la vivienda en el centro de su discurso político, consciente de que se trata del principal quebradero de cabeza de los ciudadanos y, al mismo tiempo, el talón de Aquiles de su Gobierno. Lo ha hecho, una vez más, a golpe de anuncio solemne y grandes cifras, aunque con escasa concreción y demasiadas sombras. La llamada Operación Campamento es el máximo ejemplo. El presidente promete ahora la construcción de 10.700 viviendas «asequibles» en unos terrenos largamente olvidados al suroeste de Madrid. Sin embargo, el anuncio nace cojo: no se ha contado con el Ayuntamiento de Madrid, ni siquiera hubo representación municipal en el acto simbólico de demolición de los antiguos edificios del Ejército celebrado el pasado lunes.
En 2022 ya anunció allí 12.000 pisos, el 60 por ciento de ellos públicos. Dos años después, el proyecto sigue siendo más una maqueta política que una realidad urbanística. A este anuncio se suman otras medidas improvisadas, como la bonificación del 100 por cien en el IRPF a los caseros que no suban el alquiler. Una propuesta que apenas sobrevivió unas horas antes de quedar en entredicho por la falta de apoyo de Sumar, su socio de Gobierno, evidenciando una vez más la fragilidad del Ejecutivo. Mientras tanto, el sector inmobiliario insiste, sin éxito, en un diagnóstico claro: falta suelo, sobra burocracia y la inseguridad jurídica ahuyenta la inversión y el número de casas en el mercado, lo que hace subir los precios.
Un mensaje que Moncloa parece no querer escuchar, como tampoco atiende a las recomendaciones de Bruselas, que aconseja reducir la presión fiscal sobre la vivienda y evitar intervenciones que distorsionen el mercado. Sánchez vuelve a vender acción donde solo hay promesas. Y es terrible, porque como digo, la vivienda es el problema más grave para los ciudadanos y el terreno donde el Gobierno más anuncia y menos hace.