España atraviesa uno de los momentos de mayor desorden institucional de las últimas décadas. No se trata de una percepción partidista ni de una exageración retórica, sino de una constatación compartida por la ciudadanía, que se manifiesta en hechos concretos, reiterados y preocupantes. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la excepción en norma y la improvisación en método, con consecuencias graves para el funcionamiento del país y para la confianza de los ciudadanos.
El reciente accidente ferroviario, aún muy presente en la memoria colectiva, ha vuelto a poner de relieve las carencias estructurales de nuestro sistema de transporte, en el marco de una legislatura en la que no se ha aprobado ni un solo presupuesto. Resulta inevitable preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí y depurar responsabilidades para que no vuelva a ocurrir, sobre todo por respeto a las víctimas y a sus familias. La red ferroviaria española, durante años referente, sufre hoy una alarmante falta de inversiones, mantenimiento y planificación. A ello se suma un clima de tensión laboral permanente, con anuncios de huelga de maquinistas, que viven en primera persona el caos de un servicio que fue modelo en nuestro país.
El mismo patrón se repite en el ámbito sanitario. El anuncio de una huelga médica a nivel nacional contra el Gobierno no es fruto de un capricho corporativo, sino la respuesta a la imposición de un nuevo Estatuto Marco negociado de espaldas a los profesionales. Lejos de buscar el consenso, el Ministerio de Sanidad ha optado por una reforma percibida como injusta, que empeora las condiciones laborales del personal sanitario. A ello se suman unas formas impropias de un Gobierno que debería escuchar, dialogar y respetar a quienes sostienen el sistema sanitario, pero que ha preferido la confrontación y la descalificación. Cuando los médicos se ven obligados a ir a la huelga, el problema no es la protesta, sino la soberbia de quien se niega a rectificar.
Todo ello tiene una raíz común: una legislatura sin Presupuestos Generales del Estado. Cuatro años sin cuentas públicas no son una anécdota parlamentaria, sino una anomalía democrática de primer orden. Sin presupuestos no hay planificación, no hay inversiones y no hay estabilidad. Las infraestructuras se paralizan, los servicios públicos se resienten y las comunidades autónomas y los ayuntamientos se ven obligados a trabajar a ciegas. Gobernar sin presupuestos es gobernar sin rumbo.
A este escenario se suman los continuos casos de corrupción dentro del Partido Socialista. Casos que afectan al entorno del Gobierno y, de manera especialmente grave, al Ministerio de Transportes, generan una lógica indignación social y minan aún más la credibilidad institucional. La respuesta del Ejecutivo ha sido, una vez más, el silencio, la huida hacia adelante o el señalamiento del adversario, en lugar de asumir responsabilidades y ofrecer explicaciones claras.
El resultado es un país cansado de la incertidumbre, de los anuncios grandilocuentes que no se traducen en mejoras reales y de un Gobierno más preocupado por su supervivencia parlamentaria que por el interés general, parece que vale todo para seguir un día más en la silla de la Moncloa. España necesita estabilidad, rigor y una gestión responsable. Necesita un Gobierno que gobierne.
Hoy, más que nunca, es legítimo afirmar que España no sufre una suma de crisis aisladas, sino las consecuencias de un mismo problema: el caos al que nos ha conducido el Gobierno de Pedro Sánchez.