Para entender la España actual no basta con analizar los últimos años ni con señalar únicamente al gobierno actual. La situación que hoy vivimos es el resultado de un proceso largo, iniciado de forma clara con el zapaterismo y culminado, después del paréntesis de Rajoy, al menos por ahora, con el sanchismo. No se trata solo de una secuencia de gobiernos del mismo signo ideológico, Zapatero-Sanchez, sino de una transformación profunda del marco político, cultural y moral sobre el que se asentaba la convivencia nacional.
El primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero marcó un punto de inflexión. Bajo un discurso amable de progreso y derechos, se inició una revisión radical de los consensos de la Transición. Por primera vez, el pacto constitucional dejó de ser un suelo común para convertirse en un objeto ideológico.
La famosa «memoria histórica», concebida no como un ejercicio de reconciliación sino de relectura moral del pasado, abrió una brecha que rompió el delicado equilibrio alcanzado tras décadas de enfrentamiento civil. A partir de entonces, España dejó de mirarse como una nación reconciliada para volver a dividirse entre supuestos vencedores y vencidos.
El zapaterismo introdujo además un relativismo moral que impregnó la acción política. Se legisló como si el derecho pudiera redefinir la naturaleza humana, la familia o la vida sin límites ni debate profundo. La política dejó de apoyarse en principios compartidos para convertirse en una ingeniería social guiada por consignas ideológicas. Paralelamente, se debilitó la idea de España como nación, al abrir la puerta a un diálogo asimétrico con los nacionalismos que cuestionaban abiertamente la soberanía común.
La crisis económica de 2008 evidenció el fracaso de aquel modelo. No solo por la mala gestión económica, sino porque dejó al descubierto un país sin estructuras sólidas, sin cultura del esfuerzo y con instituciones debilitadas. Sin embargo, lejos de servir como advertencia, aquel colapso fue interpretado por amplios sectores políticos como una oportunidad para profundizar en el cuestionamiento del sistema surgido en 1978.
Tras el paréntesis de inacción en el terreno cultural y de valores de Mariano Rajoy, no así en el ámbito económico y social, el advenimiento de Pedro Sánchez no supuso una corrección del rumbo, sino su aceleración.
El sanchismo no es solo la continuación del zapaterismo; es su versión más descarnada y pragmática. Si Zapatero introdujo la ideología y la ruptura simbólica, Sánchez ha normalizado el uso del poder sin límites morales ni políticos claros. Su llegada al gobierno mediante una moción de censura basada en una mentira y sustentada en fuerzas abiertamente contrarias al orden constitucional marcó un antes y un después.
Desde entonces, hemos asistido a una degradación institucional sin precedentes. El Parlamento ha sido relegado a una función casi decorativa, el Ejecutivo gobierna a golpe de decreto y los órganos constitucionales se perciben cada vez más como piezas de un engranaje partidista. La Constitución ya no se respeta como marco común, sino que se interpreta de forma interesada para hacer encajar decisiones previamente adoptadas por razones de supervivencia política.
El episodio más grave de este proceso es la dependencia explícita del gobierno a fuerzas separatistas que no ocultan su objetivo de desmantelar el Estado. La cesión constante —indultos, reformas penales, privilegios fiscales y la amnistía— no responde a una voluntad de reconciliación, sino a una lógica de poder: mantenerse en el gobierno a cualquier precio. La soberanía nacional, que reside en el conjunto del pueblo español, queda así subordinada a los intereses de minorías que desprecian abiertamente la nación común.
En paralelo, el proyecto cultural iniciado con Zapatero se ha radicalizado. El Estado ya no se limita a garantizar derechos, sino que pretende imponer una cosmovisión concreta. La ideología de género, el lenguaje obligatorio, la cancelación del disidente y el arrinconamiento de cualquier referencia al humanismo cristiano configuran un nuevo dogma laico que no admite discusión. La educación, lejos de ser un espacio de formación integral, se ha convertido en un instrumento de adoctrinamiento blando, empobrecido en contenidos y rico en consignas.
Todo ello esta tenido consecuencias sociales profundas. España es hoy un país envejecido, con una natalidad en mínimos históricos, jóvenes sin horizonte vital claro y mayores cada vez más invisibles. La familia, tradicional red de solidaridad, se debilita sin que el Estado sea capaz de sustituirla. La cultura del mérito y del esfuerzo ha sido reemplazada por una combinación de victimismo y dependencia.
Este proceso no ocurre en el vacío. Forma parte de una crisis occidental más amplia, pero en España adquiere una gravedad particular por la fragilidad de nuestra cohesión nacional. Mientras otros países refuerzan sus consensos básicos ante la incertidumbre global, aquí se dinamitan. Mientras otros protegen sus instituciones, aquí se utilizan como armas políticas.
El resultado es una sociedad cansada y desorientada. Una sociedad que percibe que las reglas cambian según convenga al poder, que el bien común ha sido sustituido por el interés partidista y que el futuro se decide lejos del ciudadano corriente. La consecuencia más peligrosa de todo ello no es solo la división, sino la resignación. La idea de que nada puede hacerse, de que todo está decidido de antemano.
No escribo estas líneas desde la nostalgia ni desde el enfrentamiento estéril. Las escribo desde la convicción de que España necesita una rectificación profunda. No bastará con un cambio de gobierno si no se recuperan principios básicos: la lealtad constitucional, la separación de poderes, la centralidad de la persona y una idea de nación compartida. Sin ese suelo común, cualquier alternancia será solo un cambio de actores en un escenario cada vez más deteriorado.
La España que surgió del zapaterismo y ha madurado bajo Sánchez se enfrenta hoy a una disyuntiva histórica: reconstruir sus fundamentos o asumir una lenta pero constante disolución de su proyecto común. El tiempo para decidir no es infinito.