Para una gran mayoría de consumidores prescindir de una determinada fruta o verdura porque no es de temporada ha caído en el olvido. Seguir el calendario payés es un ejercicio de voluntad, porque en los supermercados hay de todo o casi todo en cualquier época del año. Pese a haber normalizado la globalización, en lo fundamental, la alimentación, nos esmeramos más en leer etiquetas, saber el origen, y es aquí cuando se confirma que algunos productos frescos nacionales apenas se encuentran en los lineales de los principales supermercados. Hay judías verdes y naranjas marroquíes, y conservas de cualquier parte del mundo, China o Perú, siendo nuestros campos productores de excelente calidad.
Los agricultores europeos están hartos y no es para menos, a ellos les aprietan, cumplen normativas exigentes para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal, pero priman las estrategias comerciales y les obligan a jugar un partido desigual. Han salido a las calles por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, apoyado por España. Una zona con 720 millones de personas, un pacto para el libre comercio que facilitará la entrada en Europa de productos como vacunos, pollo, azúcar o soja entre otros; producción a menor coste, con menos exigencias, más barata. En este contexto de primar el negocio sobre la soberanía alimentaria, se da lo nunca visto, aunque cumple la teoría de la herradura: los extremos políticos se han tocado. Vox apoyando en la Eurocámara la propuesta de The Left (con Sumar, Podemos o ERC) para frenar el acuerdo –PP y PSOE de la mano, lo apoyan–, y enviarlo al Tribunal de Justicia para que dirima si es compatible con el derecho comunitario.
Pero resulta que la Comisión lo quiere aplicar igualmente hasta que la justicia decida y el Parlamento, del que sostenemos dos sedes y sueldos millonarios, se queda en una pantomima, otra más para el desapego ciudadano hacia la política europea.