Se cumple una semana del accidente de Adamuz que costó la vida a 45 personas y, lejos de avanzar hacia la verdad, asistimos a una sucesión de comparecencias destinadas más a confundir que a esclarecer. El ministro de Transportes, Óscar Puente, parece convencido de que a fuerza de entrevistas y ruedas de prensa acabará imponiendo su relato, uno en el que su gestión y la del Adif quedan milagrosamente al margen de toda responsabilidad. El pasado viernes se publicó el informe preliminar de la comisión que investiga las causas del siniestro. Cuatro horas después, delante de los periodistas, Puente aseguraba no haber tenido tiempo para leerlo como para opinar. Es una afirmación difícil de creer tratándose del mayor accidente ferroviario de la última década. Eso sí, no tuvo reparos en lanzar hipótesis: que la rotura de la vía debió de ser leve, que quizá el rail tenía un defecto de fábrica, que la alarma no se activó por una causa menor. Con una ligereza impropia de quien dice no conocer el informe. Lo que sí parecía tener claro era hacia dónde dirigir el foco: al 112 Madrid y a la empresa Arcelor.
Es una huida hacia delante que no solo resulta poco elegante, sino profundamente irresponsable en un momento que exigiría, rigor y empatía con las víctimas y sus familias. Los datos desmienten el discurso oficial. Según Eurostat, España es el país europeo con más descarrilamientos. Otro informe de la Comisión Europea revela que el 84 por ciento del gasto en alta velocidad se ha destinado a nuevas infraestructuras y apenas un 16 por ciento al mantenimiento de la red existente. A ello se suma un documento reservado de Adif que habla de más de 500 incidencias por mal estado de las vías en la semana del accidente y de tres de los siete trenes de auscultación abandonados en cocheras. Ahora, cuando la presión es ya insoportable, el presidente del Gobierno comparece, pero no solo para hablar de Adamuz, sino también de la agenda internacional. Un movimiento que huele más a cortina de humo que a rendición de cuentas.