Los tres avisos que había lanzado el acantilado del puerto de Maó en apenas un año por otros tantos desprendimientos concluyeron el martes en el cuarto que ya no fue una advertencia, sino la constatación de que el riesgo para las vidas humanas ha existido siempre.
El triste fallecimiento de un vecino de Es Castell, aprisionado por una roca caída desde el despeñadero sobre su casa, en la Cala Sant Esteve, es la traducción de ese peligro potencial en una consecuencia irreparable después de tantos antecedentes alarmantes.
La mayoría de las construcciones de la cala, como en otros enclaves similares, se hicieron a partir de las cuevas que había bajo el mismo acantilado, en muchos casos hace más de sesenta años, en las que menorquines de entonces acudían a pasar sus vacaciones a pocos metros del mar.
En aquellos tiempos no existían normativas de seguridad restrictivas como las actuales, ni tantas limitaciones para la obtención de licencias. Cada propiedad asumía su propio riesgo y así han transcurrido los años en los que se ha ido acusando el deterioro en la ladera marítima del puerto, incluida la Cala Sant Esteve, sin que se hayan realizado las intervenciones necesarias para procurar su estabilidad.
Hoy la Demarcación de Costas no permitiría ninguna de las construcciones edificadas en estas posiciones, entre otras razones, por las dudas que plantea su solidez.
La erosión reflejada en los bloques de rocas, agravada especialmente este invierno por las copiosas lluvias, eleva la amenaza, como advierten los geólogos a los que no se ha tenido demasiado en cuenta hasta ahora.
La adopción de medidas drásticas para reducir las posibilidades de que pueda ocurrir una nueva tragedia como la de esta semana debería tener carácter prioritario, tanto para los dueños de estas viviendas como para la administración a la hora de destinar recursos.