Los ciudadanos admiran en ocasiones las decisiones que adoptan los dirigentes que nos gobiernan, porque piensan en los beneficios que les reportarán. Todo lo que repercute en el bienestar general y en las personales expectativas de futuro suscita el aplauso agradecido, sobre todo si nos convencemos de que ha sido fruto de una reflexión tranquila, de un análisis bien estudiado y de un consenso con la oposición. No es fácil lograrlo y menos lo último, porque esta sólo piensa en llevar la contraria: si las decisiones son malas, porque lo son; si son buenas, porque no se les ocurrió a ellos.
Pero, por encima de los brillantes proyectos y de las leyes inexcusables, se hallan los servicios públicos, los que están enraizados en la vida cotidiana del personal y cuyo buen funcionamiento facilita el bienestar de individuos y familias. O les perjudica sensiblemente cuando el olvido o la falta de una autoridad competente provoca el deterioro. Entonces nos sentimos desamparados en lo que consideramos imprescindible, máxime cuando nadie se hace responsable, como si aquello tan necesario para la mayoría no tuviera importancia. En todos los casos la tiene, y mucha.
Le corresponde al Estado velar por la buena marcha del transporte ferroviario; sin embargo, estamos asistiendo a una funesta racha de contratiempos que los usuarios deben de soportar con excesiva frecuencia, sin que las explicaciones ofrecidas sean convincentes. La gota que ha colmado el vaso han sido el descontrol de las «Rodalies» barcelonesas y el trágico accidente en la alta velocidad con el corolario de 45 fallecidos y 126 heridos. Son palabras mayores. Sabiendo las consecuencias nefastas que pueden derivarse de un deficiente cuidado tanto de las vías férreas como de las carreteras, y de las condiciones en que se desarrolla el transporte aéreo, no deberían escatimarse medios para evitar los graves o menudos percances que con excesiva asiduidad se producen. En gran medida es cuestión de una inversión constante para afianzar las estructuras, pero cunde la sospecha de que el dinero se escurre de las manos para ir a bolsillos que no justifican tales dispendios.
El enfado de las familias partidas o abandonadas es lógico, y si el eco ha resonado con tanto estrépito es porque se ha producido con un volumen de afectados a todas luces desorbitado. Tendría la misma resonancia si en las carreteras se produjera de repente un estampido de esa naturaleza, pero no, lo que nos encontramos es un goteo continuo que ya no llama la atención. ¿Cuántos de estos accidentes mortales con los vehículos son debidos al mal estado en que se encuentran determinados tramos de las vías? Nunca lo sabremos, porque no es fácil atribuirlos a un móvil de esta naturaleza, pero todos somos conscientes de que una indagación depurada de las causas últimas que provocan ciertos percances daría la razón a quienes claman una y otra vez que se deberían atender los desperfectos y los malos trazados, todo lo cual tiene unos responsables, aunque se escondan y solapen.
Habrá quien nos diga que es imposible atender a todos los daños y averías y podríamos responderle que es cierto, pero al menos tiene que quedar patente que se ha intentado, que se han puesto todos los medios para que no ocurran las desgracias. No se trata de tapar baches en las carreteras y de agujeros en las calles el mismo día en que se produzcan, pero cuando llevan años, qué podemos pensar. Desde luego, andar recortando presupuestos para estos fines no es precisamente una demostración de palpable voluntad en la búsqueda de soluciones.