La prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es la última iniciativa determinada por el Gobierno español que se considera responsable de proteger a niños y adolescentes frente a la desinformación, la adicción digital y sus consecuencias para la salud mental, derivadas del mal uso que pueden hacer de ellas.
Poner coto al acceso a contenidos infames que se hallan al alcance de las pantallas de los menores es una medida coercitiva plausible, aunque plantea dudas que deba corresponder al Ejecutivo no ya limitar sino prohibir directamente hacerlo. Se atribuye, en este caso, una tutela decisoria que forma parte de la competencia paternal.
Por otro lado, que la restricción sea total, como pretende, colisiona con otros beneficios educativos, sociales y comunicativos que estas plataformas también pueden ofrecer. Sería más apropiado, quizás, dirigir recursos a formar en la utilidad crítica y segura de las redes, que simplemente impedir su entrada en ellas.
Una prohibición explícita no asegura que los menores dejen de lado las redes sociales. Buscarán la forma de acceder igualmente, pero sin supervisión ni acompañamiento adulto, lo que aún puede elevar el riesgo en vez de reducirlo. La educación digital y la tutela familiar y escolar para protegerlos del entorno digital más oscuro aparecen como estrategias más eficaces que la censura radical.
La medida del Gobierno, que tiene un buen fondo, ha conseguido desviar en parte el debate de la actualidad nacional aún erguida frente al caos de Rodalies, en Catalunya, o el mantenimiento de la red ferroviaria a partir de la tragedia de Adamuz. No es descabellado, además, pensar que se trata de otra sutileza del presidente para lograr ese propósito y progresar hacia el control de la información, una de las ambiciones indisimulables que ha observado desde que llegara al cargo. Es la fuerza de la costumbre.