Reducción de alturas y aprovechamientos en los solares, con la inmediata repercusión en el precio final; retrasos pandémicos y epidémicos en la tramitación de las licencias municipales; costes y repercusiones fiscales que disuaden a promotores, constructores, y castigan a quienes se atreven a embarcarse en la compraventa de un piso; absoluta inseguridad jurídica por los cambios en normas y los mudables criterios de interpretación de los técnicos, que practican la subsanación de deficiencias en sucesivas etapas; y en la vivienda pública, casas de diseño, con fotografías en las revistas de arquitectura, pero no son habitables ni funcionales.
Estos son, a grosso modo, los motivos por los que no se construyen más pisos en Menorca cuando la petición de vivienda digna a precio asequible es un clamor y el primer problema social; cuando se consolida la ‘emergencia habitacional’, reiteradamente explicada y denunciada por Caritas Diocesana.
Explicadas las causas, hay que dar respuestas y soluciones, que no corresponden en exclusiva a los ayuntamientos, aunque tienen una enorme responsabilidad. Hay otros abusos que agravan el problema.
Por ejemplo, los impuestos, tasas, tributos y gabelas sobre la vivienda nueva. En primer lugar, el 21 por cien de IVA que carga el suelo de la casa; el 1,5 por cien concepto de Actos Jurídicos Documentos del suelo; el 3 por cien del Impuesto a las Construcciones; la licencia de obras, cuyo coste varía en cada ayuntamiento; el 10 por cien de IVA sobre el coste de las obras; otro 10 por cien sobre la venta; el 3 por cien de la plusvalía municipal sobre el suelo; el 15 por cien sobre los costes de urbanización; el 30 por cien de la edificabilidad para destinarla a vivienda pública, y el 10 por cien del suelo cedido al municipio. O sea, un 40 por cien del precio final son impuestos.
Añadan los costes de la hipoteca, Registro de la Propiedad y Notaría. Y tiro porque me toca.