Dieciocho meses fue el plazo que se marcó Gabriel Rufián para permanecer en el Congreso, dejar su escaño y regresar a la «República Catalana» por la que tanto se desvivió en otros tiempos.
Una asignación de 134.000 euros al año como diputado y portavoz de ERC, el gusto por sentirse admirado cuando interviene con irreverencia y lucimiento personal contra el gobierno y la oposición, y la satisfacción de medrar en la capital hasta codearse con actrices y gente guapa parecen haber distraído sus principios. Quizás esté confundido después de un decenio en Madrid.
De independentista radical que comparó a Puigdemont con Judas cuando aquel dudaba con la declaración unilateral de la independencia, en 2017, a impulsor de un movimiento que aglutine a las formaciones a la izquierda del PSOE para impedir que la derecha gobierne en España.
La deriva del activista de Santa Coloma de Gramenet, entrevistador y seguidor del Español, insinúa otras motivaciones que más parecen aproximarse a una salida personal para seguir en la Carrera de San Jerónimo que no un proyecto político veraz.
En Catalunya, Rufián ha amontonado ya demasiados detractores, también en su partido, Esquerra Republicana, que observan, sorprendidos, su viraje hacia postulados más constitucionalistas con los que «defender» a España de la llegada de PPy Vox al poder, precisamente él, que tantas referencias ha hecho al «estado opresor».
Hay que reconocerle, no obstante, su paso al frente para repetir el experimento anterior de escaso recorrido -como parece tener el suyo- acuñado por la hiperventilada Yolanda Díaz, otra que busca acomodo con desespero a partir de 2027.
La izquierda se está quedando sin tiempo para frenar la tendencia internacional a la derechización. Y en España, por mucho que Rufián se afane en impedirlo, no parece que vaya a suceder lo contrario.