La manera más eficiente de prestar un buen servicio público es favorecer un mercado competitivo; aunque parezca un contrasentido.
Cuando este no existe hay que regular. La acusada estacionalidad de Menorca marca dos situaciones muy distintas a las que se debería atender diferencialmente con estrategias e instrumentos distintos. Obviamente nos referimos al transporte aéreo con la Península.
La insularidad, especialmente en temporada baja, marca la necesidad de «servicio público» en la regulación de los vuelos tanto con Madrid (ya existe una OSP, claramente mejorable), como y especialmente, con Barcelona.
Esta regulación sería conveniente que fuera de naturaleza «blanda», antes de utilizar los instrumentos públicos, como podría ser una empresa pública, aunque no es lo más conveniente.
¿Qué entiendo por negociación blanda? Imaginemos un escenario en el que las compañías aéreas, en general, intentan «reservar mercados», tenerlos en exclusiva, controlar la oferta de vuelos y slots, en definitiva, extraer «rentas ricardianas». De tal manera que una compañía se convierte en cuasi monopolística -especialmente en temporada baja-y ninguna otra se esfuerza en entrar y competir de verdad. («A vueltas con el precio de los vuelos desde la Península», Rafael Suñol, 15 Abril 2021, en Es Diari).
La compañía utiliza sus condiciones estructurales y de posición competitiva para mejorar sustancialmente sus beneficios: la ubicación, los slots, las rutas, las licencias, la conectividad, las frecuencias, junto a la densidad de demanda estacional que le dan unas ventajas sustanciales y que desaniman a la competencia a tratar de entrar.
Ante esta situación la ruta de BCN-MEN que presta Vueling debería ser evaluada anualmente y durante periodos suficientemente largos, y no sólo en temporada baja, donde la compañía arguye que no le resulta rentable, y, en consecuencia disminuye las frecuencias, sin aportar ninguna evidencia.
Vuelvo a lo que entiendo por «regulación blanda» o simplemente negociación entre un territorio aislado, sin alternativas y una (la única) compañía que presta el servicio de conexión en la ruta con estacionalidad. Cada año la Administración Insular (no aprovechando que «nos vemos en Fitur») debería establecer un contacto/reunión profesional con la compañía y pudieran valorar los precios por milla (téngase en cuenta que el descuento por residente tiende a subir los precios) y las frecuencias y poderlas comparar con otras rutas similares. La mejor manera de poder discutir sobre la rentabilidad de la ruta es hacer públicos los resultados auditados de manera coherente.
Con los números en la mano se pudieran establecer mejoras en el servicio, que dadas las circunstancias explicitadas se convierte en «público». Esta «regulación blanda» o negociación razonable debería ser suficiente entre organizaciones responsables.
Intuyo, además, que a Vueling le conviene objetivamente, a largo plazo, atender a su cliente, a sus stakeholders, porque se juega su reputación, un valor inapreciable, que le puede afectar en otros mercados.
Si esa negociación no diera resultado no quedaría más remedio que utilizar los mecanismos que la regulación formal establece. Es un camino más largo, conflictivo y menos eficiente.
Pero la situación actual es insostenible.