Francesca Gomis y Montse Morlà, antecesoras de Juan Manuel Delgado en el área de Movilidad del Consell, es muy posible que esbocen más de una sonrisa cuando observan desde el sofá cómo se desenvuelve la actual legislatura en la conselleria que ellas se repartieron entre 2019 y 2023.
Ambas, más la abogada que la profesora, tuvieron que soportar enconadas críticas, incluso de su entorno más afín, porque la voluntad que manifestaron para sacar adelante las cuestiones urgentes no se tradujo en resultados tangibles.
La reforma de la carretera entre Maó y Alaior durmió el sueño de los justos como había ocurrido en los cuatro años anteriores en los que también gobernó la izquierda. Gomis tropezó con sus directores generales y se enquistó en las polémicas del taxi, mientras que Morlà no liberó el desaguisado de la ITV que se encontró.
Llegó el PP al gobierno y Adolfo Vilafranca situó a un ingeniero de caminos al frente de la compleja conselleria. Delgado ha reanudado, al fin, las obras de la primera arteria de la Isla, y en sus inicios neutralizó la huelga de los empleados de la ITV alcanzando acuerdos con la empresa Certio.
El avance del mandato, no obstante, ha ido devolviendo la nula fiabilidad de la concesionaria que mantiene hipotecado al Consell por la ausencia de alternativa que surja en la licitación del servicio, una cuestión que debiera ser prioritaria. De la redacción de las bases ya hablaron en su día las conselleras anteriores con plazos incumplidos que han tenido que prorrogarse en los últimos 4 años. No dan abasto con el trabajo y falta personal en el departamento, arguyen, de ahí que los residentes sufran las consecuencias cuando se trata de renovar la inspección.
Por esta doble causa la limitación de entrada de vehículos anunciada para este año tampoco será realidad, pese a lo dicho por el propio conseller, por más que ahora el ejecutivo insular haya querido precisar que la gestión ya está en marcha cuando en la práctica será inapreciable.