El acto institucional celebrado en el Congreso con motivo de «Nuestra Constitución más longeva» dejó una imagen nítida de contraste. Por un lado, el discurso de S.M. el Rey, por otro, la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Dos tonos, dos enfoques y, a mi juicio, dos concepciones muy distintas del papel que corresponde a cada cual en un acto de esta naturaleza.
El Rey: institucionalidad, concordia y advertencia
El discurso de Felipe VI fue, ante todo, institucional. Ajustado a la realidad social y política de España, pero sin caer en la coyuntura partidista. El monarca reivindicó la legitimidad de origen de la Constitución de 1978 —la voluntad libremente expresada por el pueblo español— y recordó que su longevidad no es fruto del azar, sino del consenso y la concordia.
En un momento de evidente crispación política, sus palabras sonaron a advertencia serena. Cuando evocó el espíritu constitucional como arquitectura de convivencia, no lo hizo desde la complacencia, sino desde la responsabilidad. Subrayó que la mejor manera de celebrar la Constitución es cumplirla. Ese recordatorio, en el contexto actual, tiene una carga política evidente, aunque formulada desde la neutralidad que exige la Corona.
Especial relevancia tuvo su referencia al terrorismo de ETA y al asesinato de Francisco Tomás y Valiente. Al recordar las manos blancas y el «no» colectivo a la barbarie, el Rey no solo rindió homenaje a las víctimas; también envió un mensaje claro frente a cualquier intento de blanqueamiento del terrorismo. La memoria democrática no puede convertirse en memoria selectiva. La dignidad de las víctimas y la firmeza del Estado de Derecho forman parte esencial del acervo constitucional.
Además, el Rey vinculó nuestra experiencia constitucional con la realidad internacional, recordando que millones de personas aún viven sin libertades. Ese contraste sitúa a España en perspectiva y refuerza el valor de nuestro modelo como Estado social y democrático de Derecho. No fue un discurso triunfalista, sino consciente de las imperfecciones, pero también de los logros. En definitiva, un mensaje de unidad frente a la tentación de dividir.
Francina Armengol: politización y sesgo histórico
Muy distinta fue la intervención de Francina Armengol. En un acto que debía ser institucional, como representante de la Cámara que encarna la soberanía nacional —que, conviene recordarlo, reside en el pueblo español según el artículo 1.2 de la Constitución—, su discurso se deslizó hacia un terreno claramente partidista.
Al elogiar sin matices la Constitución de 1931 y presentar la Segunda República como un modelo democrático truncado exclusivamente por el golpe de Estado y la dictadura, incurrió —a mi juicio— en una grave indigencia histórica. La historia de la Segunda República y de la Guerra Civil es compleja, plural y dramática.
Armengol omitió deliberadamente que durante este periodo, que duro cinco años y tres meses, la II República suspendió en 62 ocasiones las garantías constitucionales con estados de alarma, excepción y guerra. Que hubo un golpe de estado sangriento en Asturias, encabezado por el socialista radical Largo Caballero, con asesinatos de religiosos, iglesias quemadas y profanadas y centenares de muertos; que hubo 19 gobiernos, con una media de un gobierno cada tres meses y medio, así como tres elecciones generales. Reducir la II República y la Guerra Civil a un relato lineal y moralmente unívoco no contribuye a la concordia, sino que reabre trincheras.
Más preocupante aún fue la confusión conceptual al afirmar que las Cortes son la «sede de la soberanía popular», cuando constitucionalmente la soberanía reside en el pueblo. Las Cortes la representan; no la encarnan en sí mismas. En un acto dedicado precisamente a celebrar la vigencia y precisión de la Constitución, ese desliz no es menor. La Constitución es clara. Artículo 1.2 : «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».
Además, su intervención incluyó elogios explícitos al actual Gobierno, desdibujando la frontera entre discurso institucional y discurso de partido. En un momento que exigía altura y neutralidad, optó por seguir la doctrina gubernamental y por reforzar un relato que divide a la sociedad entre «buenos» y «malos», según se adhieran o no a esa interpretación histórica y política. Está en su derecho en hacerlo cuando actúa de secretaria general del PSOE en Baleares, no como tercera autoridad del estado, como fue el caso.
Concordia frente a división
La diferencia esencial entre ambos discursos radica en la actitud ante la pluralidad. El Rey apeló al «escribir juntos» el futuro, consciente de que la Constitución fue fruto del acuerdo entre diferentes. Armengol, en cambio, pareció situarse en una lógica de legitimidad moral exclusiva: quienes comparten su relato están del lado correcto de la historia; quienes lo cuestionan, implícitamente, no.
La Constitución de 1978 nació precisamente para superar esa lógica de bandos. Fue un pacto entre españoles que venían de tradiciones ideológicas enfrentadas. Por eso su legitimidad es superior a la de cualquiera de nuestras constituciones anteriores: no fue la imposición de una parte sobre otra, como si fue la del 31 venerada por la presidenta y que ni siquiera fue sometida a referéndum del pueblo español.
En tiempos de polarización, el papel de las instituciones es templar, no agitar. La Corona, en esta ocasión, cumplió con su función arbitral y moderadora, recordando los fundamentos de nuestra convivencia y advirtiendo —con elegancia pero con claridad— sobre los riesgos de la crispación y del olvido interesado del pasado terrorista.
La Presidencia del Congreso, por el contrario, perdió la oportunidad de ejercer como símbolo de la representación plural de la nación. Optó por un discurso alineado con una parte, no con el conjunto.
Celebrar la Constitución exige algo más que invocarla. Exige respetar su letra, su espíritu y su equilibrio. Y, sobre todo, exige entender que la soberanía nacional pertenece a todos los españoles, no a un gobierno, no a un partido y no a una mayoría circunstancial. Solo desde esa premisa puede mantenerse viva —y legítima— nuestra Constitución más longeva.