Hay críticas que no nacen del análisis, sino de la amnesia. Y en política, la amnesia selectiva suele ser el síntoma más evidente de la mala fe. Resulta llamativo observar cómo determinados sectores sociales, convenientemente agitados, terminan abrazando discursos que, aunque se presenten como novedosos, huelen sospechosamente a naftalina ideológica. Cambian el envoltorio, modernizan el logotipo y actualizan el eslogan, pero el contenido remite con inquietante claridad al viejo autoritarismo de siempre.
Estas corrientes, revestidas de supuesta rebeldía antisistema, comparten una misma base doctrinal: orden entendido como obediencia, libertad entendida como imposición y seguridad entendida como vigilancia permanente. La paradoja es tan burda que roza el humor involuntario: para ser libres, dicen, necesitamos que nos vigilen mejor.
El ejemplo internacional es ilustrativo. Durante la presidencia de Donald Trump, el ICE amplió su protagonismo bajo una lógica de control migratorio extremadamente agresiva, convirtiéndose en símbolo de una política donde la dureza se confundía con eficacia y los derechos civiles quedaban en segundo plano. Pero, claro, todo en nombre de la libertad. La Ayuso y su entorno lo asumen e intentan ejercitar.
Las tesis difundidas por Steve Bannon —esa mezcla de nacionalismo identitario y guerra cultural permanente— han terminado impregnando buena parte del debate conservador en Europa. En España, el Partido Popular compite con Vox en una carrera por ver quién eleva más el volumen ideológico. Cuando escasean las propuestas estructurales sobre empleo, salarios o inflación, siempre queda el recurso infalible: convertir a Pedro Sánchez en el origen metafísico de todos los males conocidos, desde la deuda pública hasta las borrascas atlánticas.
En democracia se puede —y se debe— criticar al presidente. Lo que resulta más complicado es hacerlo mientras se practica el olvido estratégico. Porque la memoria histórica reciente recuerda que los años de gobierno de José María Aznar coincidieron con una época especialmente prolífica en escándalos de corrupción vinculados al Partido Popular. La sede de Génova llegó a convertirse, más que en una oficina política, en una academia práctica de financiación irregular con prácticas tuteladas y máster acelerado en sobres.
La ironía es que quienes hoy se presentan como guardianes de la pureza institucional parecen sufrir alergia crónica a su propio pasado. La boda en El Escorial fue un evento social memorable; el problema es que con el tiempo adquirió cierto aire de reunión de antiguos alumnos… algunos con causas judiciales abiertas. Eso sí, al menos los monaguillos salieron indemnes. Probablemente porque no gestionaban adjudicaciones.
Mientras tanto, el Gobierno es atacado por su posición en defensa del pueblo palestino y por denunciar la situación en Gaza, como si la defensa de los derechos humanos dependiera del código postal. También se critica la propuesta de regular el acceso de menores a las redes sociales, pese a que existe evidencia creciente sobre los efectos de la exposición temprana a contenidos dañinos.
Las protestas más airadas han llegado, curiosamente, desde algunos magnates tecnológicos como Elon Musk o Pavel Durov. No es difícil entender por qué: limitar el acceso de menores implica reducir un mercado multimillonario. Defender la libertad de expresión es una causa noble; defender el margen de beneficio, una causa más terrenal. A veces ambas coinciden. A veces no.
Lo verdaderamente preocupante no es la crítica —que es saludable—, sino la construcción sistemática de un relato donde la democracia se reduce a un campo de batalla cultural permanente. Cuando el adversario deja de ser un competidor legítimo y pasa a convertirse en un enemigo existencial, el debate público se degrada y la convivencia se resiente.
Quizá el problema no sea la crítica, sino la memoria. O, mejor dicho, la falta de ella. Porque en política, como en la vida, antes de dar lecciones conviene revisar el propio historial. Y a veces, para encontrarlo, no hace falta excavar demasiado: basta con abrir la hemeroteca.
Ante este panorama, no debería extrañarnos que sectores de Vox —aliados parlamentarios y competidores ideológicos del Partido Popular— hayan llegado a plantear la necesidad de «incendiar» RTVE si alcanzaran el poder. Cuando el adversario se convierte en enemigo y los medios públicos en objetivo, el lenguaje deja de ser metáfora y empieza a revelar intenciones.