La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales avanza en su desarrollo reglamentario, y la adaptación de las ordenanzas municipales a la norma estatal es obligada. Esa transposición de la ley a la realidad local disparará las cuantías de las multas en caso de denuncia, ya que una falta leve podrá costar como mínimo 500 euros.
La ley está pensada para proteger a los animales de compañía, no hay que olvidarlo, y en su articulado introduce una novedad a tener en cuenta, «los ingresos procedentes de las sanciones se destinarán a actuaciones que tengan por objeto la protección de los animales» y no a otras necesidades municipales. Esas sanciones se impondrán cuando los tutores de las mascotas incumplan sus obligaciones, y entre ellas está recoger excrementos y diluir orines si estos afectan a fachadas, mobiliario urbano o vehículos, por ejemplo.
En Es Castell se descartó recurrir a analizar el ADN de las mascotas para perseguir a los propietarios, se consideró que el sistema no era fiable; además, el censo genético no sirve de nada si el Ayuntamiento no recoge periódicamente muestras de heces en la calle para cotejarlas con el material registrado.
En Maó una nueva idea se abre paso, la denuncia previa si no se llevan encima bolsas y un botellín de agua: denota la intención de que esa caca va a ser abandonada en cuanto no haya testigos. Esa es la parte que más loan quienes tienen la mala suerte de vivir en zonas convertidas en ‘campos minados’ por la falta de civismo de una minoría, pero las multas, y esperemos que también se apliquen con el mismo celo, son de miles de euros (de 10.000 a 200.000) en muchos otros casos: encierro en balcones, educación con métodos agresivos, mutilaciones, no identificación con chip –también felinos–, y por supuesto el maltrato.
La duda razonable es saber si contamos con suficientes agentes para esa unidad del precrimen de las excreciones que, al estilo de Minority Report, se encargue de denunciar a los sospechosos