Hay silencios que dicen mucho. Y hay silencios que incomodan porque revelan una incoherencia que preferimos no mirar de frente. La situación de las mujeres en Irán pertenece a esa categoría.
Desde la instauración de la República Islámica en 1979, millones de iraníes viven bajo un sistema político y religioso que convirtió el control del cuerpo femenino en uno de sus pilares de poder. La desobediencia puede significar humillación pública, violencia física, cárcel o incluso la muerte. No se trata de un fenómeno cultural difuso ni de un problema aislado. Es un sistema legal y político que regula de forma explícita la vida de las mujeres y las sitúa en una posición de subordinación jurídica.
Ante una realidad así cabría esperar una condena constante, rotunda y universal. Sin embargo, en Europa —y particularmente en España— ocurre algo llamativo: quienes se presentan como defensores globales de los derechos de las mujeres rara vez denuncian con la misma energía lo que sucede en Irán.
El contraste resulta difícil de ignorar. Las plazas europeas se llenan con frecuencia de manifestaciones contra el patriarcado occidental. Los discursos institucionales repiten que el feminismo es una causa universal e irrenunciable. Pero cuando se trata de señalar con claridad a un régimen que encarcela, tortura y ejecuta mujeres por mostrar un mechón de cabello, ese mismo tono combativo se vuelve más tenue.
No es una cuestión menor. Cuando los derechos humanos se defienden de manera selectiva, dejan de ser principios universales para convertirse en instrumentos políticos. Y esa selectividad termina debilitando precisamente aquello que se dice proteger.
Para comprender la situación actual de Irán conviene retroceder algunas décadas. Antes de la revolución de 1979, el país vivía un proceso de modernización contradictoria bajo el gobierno del sha Mohammad Reza Pahlaví. Durante aquellos años se aprobaron reformas que ampliaron derechos para las mujeres: acceso a la educación superior, derecho al voto y una presencia creciente en el mercado laboral. Al mismo tiempo, el régimen mantenía un aparato represivo contra la oposición política que alimentó un profundo malestar social.
De ese contexto nació la revolución que llevó al poder al ayatolá Ruhollah Jomeini. Muchas mujeres participaron activamente en aquellas movilizaciones convencidas de que luchaban por una sociedad más libre. Pero una vez consolidado el nuevo régimen, la realidad cambió radicalmente.
Una de las primeras medidas fue la imposición obligatoria del hiyab en los espacios públicos. No era una simple norma de vestimenta. Era una declaración de poder: el Estado asumía el control sobre el cuerpo femenino.
Desde entonces, la vida cotidiana de millones de mujeres quedó sometida a una vigilancia constante. La llamada «policía moral» patrulla las calles supervisando la ropa, el maquillaje y el comportamiento. Un mechón de cabello visible o una prenda considerada inapropiada puede provocar detenciones inmediatas. Las sanciones incluyen multas, arrestos y castigos corporales como latigazos. En determinados casos, las acusaciones relacionadas con delitos morales han derivado en largas penas de prisión e incluso condenas a muerte.
Pero el rostro más oscuro del sistema aparece dentro de las cárceles y del aparato judicial. Durante décadas, organizaciones de derechos humanos han documentado ejecuciones por lapidación, castigos físicos sistemáticos y testimonios de abusos sexuales contra prisioneras.
Algunas mujeres han relatado violaciones previas a su ejecución, justificadas por interpretaciones extremistas de la ley religiosa que pretenden evitar que una mujer virgen sea ejecutada. Son historias que parecen pertenecer a otra época, pero que forman parte del presente.
Uno de los episodios más brutales ocurrió en 1988, cuando miles de prisioneros políticos fueron ejecutados tras interrogatorios sumarios en cárceles iraníes. Entre ellos había numerosas mujeres jóvenes: estudiantes, activistas y opositoras. Muchas familias nunca recibieron información oficial sobre el destino de sus hijas y, décadas después, continúan apareciendo fosas comunes que evidencian la magnitud de aquella masacre. Lo inquietante es que estas prácticas, con el paso del tiempo, se han integrado en la estructura del Estado. La represión dejó de ser excepcional para convertirse en un mecanismo cotidiano de control social.
Ante una realidad así, la reacción internacional ha sido en gran medida tibia. La ONU acumula informes, resoluciones y comisiones de investigación que documentan con detalle las violaciones de derechos humanos en Irán. Pero esa acumulación de documentos rara vez se traduce en cambios reales para las mujeres que siguen siendo detenidas en las calles de Teherán, Mashhad o Isfahán.
La diplomacia internacional parece capaz de producir declaraciones y conferencias, pero mucho menos eficaz cuando se trata de proteger a quienes viven bajo una teocracia que percibe la libertad femenina como una amenaza política.
Y, sin embargo, la historia de las mujeres iraníes no es solo una historia de represión. También es una historia de resistencia. Desde las primeras protestas contra el velo obligatorio en 1979 hasta las movilizaciones más recientes, las mujeres han estado en primera línea de la lucha por los derechos civiles. El mundo volvió a mirar hacia Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía moral por llevar el velo de forma ‘incorrecta’. Su fallecimiento bajo custodia provocó protestas que recorrieron todo el país.
En aquellas manifestaciones se escuchó un lema que resume décadas de lucha: «Mujer, vida, libertad». Ese grito no es solo una consigna. Es la expresión de generaciones de mujeres que han desafiado un sistema dispuesto a castigarlas con cárcel, tortura o muerte.
Por eso la pregunta sigue siendo inevitable: ¿cómo es posible que quienes se presentan como defensores universales del feminismo guarden silencio ante una de las mayores opresiones contemporáneas contra las mujeres y que incluso defiendan la no prohibición del burka o del hiyab en España?
Cuando la indignación depende del contexto ideológico o de la conveniencia política, el feminismo deja de ser un principio moral y se convierte en una herramienta política, hipócrita, sectaria y perversa. Es mi opinión, claro.