La legislatura que empezó con un equilibrio incómodo entre el PP y Vox acabará fraguando una aproximación política entre los dos partidos cada vez más evidente. La imagen de esa entente acaba de verse esta semana en el Parlament balear con la derogación de la ley de memoria democrática, una acuerdo tomado en medio de la euforia de Vox y la incomodidad manifiesta del PP. No se trata de una decisión menor ni de un simple ajuste legislativo. Es una medida de enorme significación política que no aporta nada positivo a los ciudadanos de Balears y que solo causa un daño emocional inmenso a las familias de las víctimas.
LA DEROGACIÓN fue una de las principales exigencias de Vox para abstenerse en la investidura de Prohens al inicio de la legislatura con el fin de propiciar su elección por omisión. Dos años y una imputación al presidente del Parlament después, aquella condición se ha materializado.
El gesto tiene una lectura política clara. Durante los primeros meses de gobierno, la presidenta balear trató de marcar distancias con Vox. En más de una ocasión acusó a la formación de ejercer chantaje parlamentario y defendió que el Govern no aceptaría imposiciones. Era un intento de preservar un perfil propio y evitar que el PP apareciera subordinado a la agenda de sus entonces socios. En Vox aún no han olvidado las durísimas palabras que les dirigió el vicepresidente del Govern, Antoni Costa.
NO ES EL ÚNICO ÁMBITO donde se percibe ese acercamiento porque hay otras áreas políticas donde la convergencia comienza a ser total. En el debate sobre inmigración, el discurso del Ejecutivo se ha endurecido progresivamente. Balears vive desde hace años bajo la presión del crecimiento demográfico, la crisis de la vivienda y la saturación de servicios públicos. A ese contexto se le ha sumado la llegada masiva de pateras en los últimos años y el marco político que era exclusivo de Vox empieza a encontrar eco en el relato institucional del Govern.
Prohens sabe que, en las circunstancias políticas actuales, difícilmente logrará una mayoría absoluta en 2027, como ya se ha visto en Extremadura, Aragón y, previsiblemente, a partir de hoy en Castilla y León. Vox volverá a ser decisivo para la gobernabilidad. Ante ese escenario, el PP parece haber optado por una estrategia de aproximación gradual: reducir la distancia ideológica ahora para que un pacto futuro resulte menos abrupto ante su electorado y para que una eventual fuga de votos del PP a Vox no termine siendo una auténtica sangría. Cuanto menor sea la distancia previa, menor será el coste del acuerdo cuando llegue el momento.
QUIZÁ todavía no sea una alianza declarada. Pero la legislatura empieza a parecerse, cada vez más, a un proceso de preparación para lo que podría venir después de 2027. Prohens está atrapada por su futuro.