Cuando entré como consejera en el Consell insular de Menorca, llevando las políticas sociales, pensé que todo iba a ser posible. Que bastaba con voluntad, sensibilidad y buenas decisiones. Pero entendí pronto que me faltaba algo esencial: dinero. Y también que no existe ninguna máquina capaz de producirlo. No podía pedir más a la población más allá de lo que ya aporta a través de los impuestos. Fue una lección incómoda, pero decisiva: las políticas sociales no se sostienen sobre deseos, sino sobre una economía real, limitada y finita.
La mayoría no entendemos bien qué es la deuda pública porque la sentimos como algo ajeno, como si la tuviera «alguien» distinto de nosotros. Durante años se ha instalado la idea de que es una magnitud abstracta, casi irrelevante en la vida cotidiana. No ayuda que desde la política se haya llegado a trivializar el concepto, como cuando Carmen Calvo afirmó que «el dinero no es de nadie». Pero la deuda sí es de alguien: es colectiva, presente y futura, y condiciona cada decisión que se toma.
Hablamos de millones y billones sin interiorizar su escala real. Un ejemplo sencillo ayuda a comprenderlo: si lanzáramos 1 euro cada segundo, tardaríamos unos 12 días en llegar a 1 millón de euros. Para alcanzar 1 billón necesitaríamos alrededor de 32.000 años. Y, sin embargo, España supera ya los 1,7 billones de euros de deuda pública. Somos unos 22.463.300 ocupados quienes hoy sostenemos el sistema. Repartida entre ellos, equivale a unos 75.660 euros por trabajador. No es una factura que llegue mañana, pero sí una carga que condiciona cada decisión pública.
Las políticas sociales, por necesarias que sean, no se financian con buenas intenciones. Cada nueva medida se apoya en una estructura ya muy tensionada: un mercado laboral frágil, un acceso a la vivienda cada vez más difícil y unos servicios públicos que funcionan al límite. En este contexto, ampliar derechos o regularizar situaciones sin vincularlo de forma clara al empleo y a la capacidad real de integración no resuelve el problema de fondo.
El debate sobre inmigración suele plantearse en términos morales, cuando también es un debate de gestión. España cuenta con población extranjera que trabaja, cotiza y sostiene el sistema, y eso es una realidad positiva. Pero también hay personas que, por falta de oportunidades reales, dependen durante largos periodos de ayudas públicas. A ello se suma ahora la ampliación de la cobertura sanitaria a personas inmigrantes que no están regularizadas. Desde una perspectiva humanitaria puede parecer evidente, pero también supone una mayor presión sobre un sistema sanitario público que ya opera cerca de sus límites.
Aquí es donde la planificación deja de ser una palabra técnica para convertirse en una obligación política. ¿Cuántas personas acceden a ayudas y durante cuánto tiempo? ¿Qué impacto tiene en los ayuntamientos, que son la primera red de atención? ¿Cómo se mide el paso de la dependencia a la autonomía? Sin indicadores claros de empleo, cotizaciones y gasto social, las políticas públicas se convierten en actos de fe.
Mientras tanto, hay una realidad que rara vez ocupa el centro del debate: el elevado número de niños que viven en el umbral de la pobreza en España. Menores que crecen en hogares con empleo inestable, vivienda precaria y pocas oportunidades. Cada decisión que se toma sin planificación hoy se traduce mañana en menos recursos para ellos, en un país que además envejece y acumula deuda.
Ser solidarios no es gastar sin límite ni prometer lo imposible. Es decidir con responsabilidad a quién se ayuda, cómo y con qué recursos. Seguir ampliando compromisos sociales sin empleo suficiente, sin vivienda disponible y con una deuda que ya condiciona el futuro no es justicia social: es trasladar el problema hacia adelante. Cuando un país evita poner límites, esos límites los impone la realidad, casi siempre de la peor manera. Y esa factura no la pagan quienes hacen los discursos, sino quienes menos margen tienen para resistirla.