El político

En esta crítica social en tono de comedia, Jonathan Lynn (1992) muestra la política no como un servicio público, sino como un sistema de devolución de favores a grandes donantes y lobbies. La industria del gas y los combustibles fósiles aportó unos 14 millones de dólares a la campaña de Trump, unos 249 millones en el ciclo electoral y hasta 450 millones si se incluyen lobbies. De los 239 millones recaudados para su investidura, casi 20 procedían del sector energético. Congresistas demócratas han denunciado exigencias de hasta 1.000 millones a ejecutivos energéticos a cambio de desregulación ambiental. No sorprende que la agenda energética de Trump coincida con los intereses de sus donantes punto por punto, pero la política exterior reciente añade una vinculación aún más incómoda. Las acciones militares -en Venezuela, con las mayores reservas del mundo o en Irán, clave en el equilibrio petrolero y del GNL global- han alterado el flujo internacional de combustibles. La industria petrolífera estadounidense se beneficia de estos precios altos, pero informes de AIvest, Vesper y organismos como la OPEP sitúan en torno a los 120-130 $/barril el umbral de riesgo claro de destrucción de demanda -y de beneficios-, lo que podría explicar los volantazos de Trump en la guerra y su miedo a perder apoyos para las elecciones del próximo octubre. El contraste con España es notable. Aquí, la financiación pública de campañas y los límites a las donaciones privadas buscan evitar esa dependencia. El modelo no es perfecto, pero introduce una barrera frente a la subordinación del poder a intereses privados. La cuestión de fondo es si la financiación electoral privada amplía la democracia o la condiciona. En el caso estadounidense, la evidencia apunta a lo segundo. Cuando el dinero del petróleo sostiene una campaña, resulta difícil no concluir que también influye en quién gobierna y, sobre todo, en cómo gobierna.