El momento político que atraviesa España no puede entenderse sin una palabra que, por desgracia, define cada vez mejor la actuación del Ejecutivo: cinismo. Un cinismo persistente, calculado y profundamente preocupante que se ha convertido en seña de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
No hablamos de simples contradicciones políticas —habituales en cualquier democracia—, sino de una forma de gobernar basada en el doble discurso, la manipulación y la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que realmente se hace.
Soledad Ipaguirre ante la Audiencia Nacional. Foto Fernando Alvarado (EFE).
Este cinismo se manifiesta con especial crudeza en cuestiones de enorme sensibilidad, como la política penitenciaria relacionada con el terrorismo. Resulta difícilmente defendible que personas condenadas por terrorismo puedan beneficiarse de decisiones que facilitan su salida de prisión sin haber cumplido íntegramente sus condenas, sin mostrar arrepentimiento y sin colaborar con la justicia. No es solo una cuestión legal; es una cuestión moral. Y, sobre todo, es una cuestión de respeto hacia las víctimas del terrorismo, que ven como se desdibuja el principio de justicia en favor de intereses políticos.
Pero si hay un ámbito donde el cinismo del Gobierno alcanza cotas especialmente preocupantes es en la política internacional. El Ejecutivo ha hecho del «no a la guerra» uno de sus grandes lemas. Un mensaje que, en apariencia, conecta con una aspiración legítima de paz, yo también la tengo, igual que todos, pero que en la práctica se revela como un eslogan vacío cuando no va acompañado de una defensa firme de los derechos humanos.
El caso de Irán es especialmente revelador. Mientras miles de ciudadanos han sido reprimidos, encarcelados, torturados o asesinados por exigir libertades básicas, la respuesta del Gobierno español ha sido, en el mejor de los casos, tibia y superficial. Se presume de compromiso con los derechos humanos, pero se actúa con una prudencia que roza la indiferencia. Se reivindica el feminismo como bandera política, pero se guarda silencio —o se responde con gestos mínimos— ante la persecución sistemática de mujeres y homosexuales en ese país. Este contraste no es casual: es la expresión más clara de un cinismo político que prioriza la conveniencia sobre los principios.
La incoherencia se hace aún más evidente cuando analizamos cómo se construye el relato político en el ámbito interno. El «no a la guerra» no solo se utiliza como posicionamiento internacional, sino como herramienta de confrontación dentro de España.
Se presenta como una postura moral superior, mientras se desacredita a quienes plantean enfoques distintos. Sin embargo, este discurso convive con decisiones que lo contradicen abiertamente, como el incremento del gasto en defensa, llevado a cabo además sin el debido debate parlamentario.
Esta dualidad —predicar una cosa y hacer la contraria— no es un error puntual, sino una estrategia. Se busca movilizar a determinados sectores del electorado mediante mensajes emocionales, aunque estos no resistan el más mínimo análisis. Se trata de construir una narrativa que genere adhesión inmediata, aunque a costa de sacrificar la coherencia y la credibilidad.
Otro de los rasgos más preocupantes de este Gobierno es su tendencia a anteponer los intereses partidistas a los intereses generales. En lugar de buscar acuerdos amplios con las principales fuerzas políticas y reforzar la posición de España en el contexto europeo, se opta por la confrontación constante. Se desprecia el consenso como herramienta política y se apuesta por la polarización como estrategia electoral.
Este enfoque no solo debilita las instituciones, sino que deteriora la convivencia democrática. Cuando la política se convierte en un campo de batalla permanente, en el que el adversario es tratado como enemigo, se pierde de vista el objetivo fundamental: trabajar por el bienestar de los ciudadanos.
No es extraño, por tanto, que crezca el hartazgo social. Cada vez más españoles perciben que el Gobierno actúa con una preocupante desconexión respecto a la realidad. Que los problemas se utilizan como instrumentos políticos en lugar de afrontarse con seriedad. Que las palabras se emplean para construir relatos, no para describir hechos.
Y ahí es donde el cinismo alcanza su máxima expresión: en la pérdida de confianza. Porque cuando un Gobierno dice una cosa y hace la contraria de manera sistemática, lo que se erosiona no es solo su imagen, sino la credibilidad de las instituciones en su conjunto.
España necesita algo muy distinto. Necesita un liderazgo basado en la coherencia, en la transparencia y en el respeto a los ciudadanos. Necesita un Gobierno que no utilice causas justas como herramientas de propaganda, sino que actúe con firmeza allí donde se vulneran derechos fundamentales, sin importar el coste político.
La política no puede reducirse a un ejercicio de marketing ni a una sucesión de eslóganes diseñados para el impacto inmediato. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, mantener posiciones claras y actuar con honestidad. Todo lo contrario de lo que representa el cinismo.
Porque, al final, la realidad siempre se impone. Y hoy, esa realidad es que muchos ciudadanos ya no creen en un discurso que perciben como vacío, contradictorio y profundamente oportunista. El cinismo puede ser eficaz a corto plazo, pero a largo plazo tiene un coste muy alto: la desafección, la desconfianza y el deterioro de la democracia. Y ese es un precio que España no debería estar dispuesta a pagar. Es mi opinión…, claro.