Los árboles de la lógica indignación que han sentido los docentes por el episodio destapado la pasada semana de hostigamiento y humillación en redes sociales de un docente del IES Baltasar Porcel por parte de un grupo de alumnos, debido a su supuesta orientación sexual, no deben impedirnos ver el bosque de la realidad de la que deriva todo esto.
En primer lugar, conviene aclarar que si este incidente ha tenido repercusión pública ha sido solo por dos motivos, a saber: El primero, que la víctima ha recibido el apoyo mediático de un sindicato. El segundo, que la causa de las vejaciones tenía relación con un ámbito de la personalidad de dicho docente sobre el que actualmente orbitan muchas organizaciones, atentas a cualquier hecho en el que se vean involucrados los derechos de las personas Lgtbi.
Dicho de otra forma, si se hubiera ridiculizado, vejado u ofendido a este u otro profesor con cualquier otro pretexto -su aspecto físico, su voz, su forma de vestir, incluso cuestiones de su vida privada distintas de su opción sexual- es bastante posible que el hecho hubiera permanecido en la esfera interna del centro docente y la Conselleria, tramitado mediante expedientes por alteración de la convivencia o, en último término, que se hubiera interpuesto una denuncia ante la Policía, siguiendo el curso normal de estos asuntos, sin trascender a la opinión pública.
Me he hartado de leer comentarios acerca de la supuesta ideología que había tras estos hechos -ojo, que hablamos de menores de 14-15 años-, en un burdo intento de algunos de arrimar el ascua a la sardina de la división social, tan en boga. Algún opinador descerebrado, incluso, ha relacionado la religión con estos lamentables hechos.
La realidad es mucho más simple, aunque incómoda. Llevamos décadas trabajando arduamente en pro del deterioro irreversible del concepto de autoridad. Sectores de la progresía creyeron que la democratización de la educación pasaba por eliminar las tarimas de las aulas, las físicas y las personales. Se comenzó permitiendo el tuteo a los profesores, confundiendo por completo al alumnado, especialmente a los adolescentes, incapaces de distinguir entre un colega de su pandilla y un profe guay.
La autoridad tampoco se aprende en casa, por lo visto, porque en esta sociedad ultraprotectora los hijos son el centro del universo, con lo que difícilmente se les sacará de su error, salvo cuando sus acciones tengan consecuencias penales, y aun con reparos, porque la justicia de menores es otro ámbito de sobreprotección, con anecdóticos efectos correctivos, no se nos vayan a traumatizar los pobrecitos jóvenes delincuentes. A todo ello súmenle la desaparición del servicio militar, en el que indefectiblemente se aprendían los conceptos de disciplina y autoridad, a la fuerza si era preciso.
Naturalmente, es más fácil achacar este caso a una pretendida homofobia ultraderechista de los menores que reconocer que, como sociedad, nos hemos venido equivocando mucho, especialmente en el ámbito de la educación.
Tampoco el poder político -de ningún color- ha ayudado, porque todo el mundo sabe que es esencialmente cobarde y tiende a decir lo que la mayoría social quiere oír. Las familias siempre tienen razón. Y de aquellos polvos, estos lodos.