La cantante Shakira ha mantenido que siempre ha actuado «conforme a la ley» y ha denunciado la «presión mediática y reputacional» que sufre, tras haberse enterado por la prensa de que se le ha abierto una segunda causa judicial por fraude fiscal. En un comunicado remitido a los medios, la artista colombiana y su equipo legal aseguran que todavía no han recibido notificación alguna de la nueva querella que la Fiscalía ha presentado contra ella por fraude fiscal en los impuestos de patrimonio e IRPF de 2018, y de la que se ha enterado por los medios, «como viene ocurriendo durante todos estos años».
Eso evidencia la «presión mediática y reputacional a la que se ve sometida» la artista, añade el comunicado, que insiste en que la cantante siempre ha actuado legalmente y «bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas». Shakira recuerda que reside en Miami desde hace unos meses -tras su separación del futbolista Gerard Piqué-, por lo que se le deberá notificar personalmente la querella en su nuevo domicilio, «de estricto acuerdo con lo que marca la ley». La artista colombiana asegura que en estos momentos está «centrada en su vida artística en Miami» y se muestra confiada en «la resolución favorable de sus asuntos fiscales».
Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha abierto una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018. Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la causa contra la artista, que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, está abierta por dos delitos contra la Hacienda pública. Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona. En este proceso, la Fiscalía le pide ocho años y dos meses de cárcel, así como una multa de 23,8 millones de euros, por seis delitos de fraude fiscal, por eludir supuestamente el pago de impuestos a la Hacienda española pese a que, según el ministerio público, residía en España desde 2012 y estaba obligada desde entonces a tributar en este país.