Naty Abascal está pasando por uno de sus peores momentos por la grave situación judicial, según Lecturas. El pasado año, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez Adolfo Carretero la apertura de juicio oral contra los empresarios Luis Medina, hijo de Abascal, y Alberto Luceño por el 'caso de las mascarillas' en el que se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compraventa de material sanitario en plena pandemia por el coronavirus.
Así consta en un escrito, en el que el fiscal Luis Rodríguez Sol solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty y eleva la petición a 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.
Respecto a Luis Medina, se ha abierto juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. El órgano competente para enjuiciar este procedimiento será la Audiencia Provincial de Madrid.
Además, según informa la revista, las financias de Luis están bajo cero, por lo que su madre podría verse obligada a rescatarlo económicamente. «Está destrozada. Reza mucho para que su hijo salga libre», cuenta una fuente del entorno de Naty a la revista.
El fiscal consideró que procede decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.
«La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador», recalcó el fiscal.
Insistía Luis Rodríguez Sol en que los acusados «convencieron» al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación" a pesar de las comisiones millonarias que se desembolsaron.
En cuanto a las mordidas, el escrito recogía que las transferencias que consta en la causa corresponden «al cobro de las comisiones previamente pactadas entre Leno y los acusados, si bien Luis Medina no negoció con Leno el importe de su comisión, sino que dejó la esta gestión en manos de Alberto Luceño».
«Tanto en esta como en las otras operaciones, Alberto Luceño le dijo a Luis Medina que iban a ir a partes iguales, cobrando ambos idéntica comisión», expone el fiscal, quien agrega que para mantenerle en esta creencia, le envió un documento en que se reconocía a ambos una comisión de 1 dolar por mascarilla (1.000.000 dólares en total), y esta fue la cantidad que efectivamente cobró Luis Medina.
Sin embargo, según apunta el fiscal, "Alberto Luceño ocultó a Luis Medina que, en otro documento aparte, había pactado con Leno una comisión adicional de 2 dólares por mascarilla; es decir, Alberto Luceño cobró en total 3.000.000 dólares como comisión por esta operación, el triple que el otro acusado.
La Fiscalía sostiene en relación a la calidad de estas mascarillas que «no ha podido ser analizada en laboratorio con las debidas garantías por haber caducado su plazo de uso».
«Sin embargo, no se han aportado pruebas de que estas mascarillas no reunieran las condiciones técnicas de una mascarilla KN95, asimilable a una mascarilla FFP2, por lo que cabe presumir que reunían las especificaciones estipuladas en el contrato», añade.
En el auto de procesamiento, Adolfo Carretero sostuvo que las compraventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de «negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles».
Carretero afirmó que Medina y Luceño se «enriquecieron» con ello y «perjudicaron» al Patrimonio Municipal en bienes de primera necesidad, como era en el momento de la venta los materiales sanitarios «y en cantidad superior a 50.000 euros». El magistrado también apunta que Alberto Luceño «engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones» y que «fijó unilateralmente».