El artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores establece de forma clara y concisa los seis deberes fundamentales que todo trabajador en España debe cumplir según el marco legislativo vigente. Este precepto del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, configura las obligaciones básicas que conforman el núcleo de la relación laboral y que resultan determinantes para el correcto desarrollo de la actividad profesional en cualquier empresa. Según el texto legal, los trabajadores españoles están obligados a desempeñar su labor con buena fe y diligencia, cumpliendo las funciones específicas de su puesto.
Asimismo, deben observar las medidas de prevención de riesgos laborales, acatar las instrucciones empresariales dentro del marco legal, evitar competir con la actividad de la empresa, contribuir a mejorar la productividad y respetar las obligaciones derivadas de sus contratos. Estos seis pilares constituyen la base del comportamiento ético y profesional exigible a cualquier empleado en territorio español. La normativa laboral vigente busca equilibrar los derechos de los trabajadores con sus responsabilidades, garantizando un marco de relaciones laborales justo y productivo.
El incumplimiento de estos deberes básicos puede acarrear consecuencias disciplinarias para el trabajador, que en los casos más graves podrían derivar incluso en un despido procedente, según contempla el propio Estatuto en sus artículos 54 y siguientes. El artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores enumera con precisión cada una de las obligaciones fundamentales. En primer lugar, establece que todo empleado debe cumplir con las obligaciones específicas de su puesto de trabajo, observando los principios de buena fe y diligencia. Este deber implica realizar las tareas asignadas con profesionalidad, responsabilidad y compromiso, evitando negligencias que puedan perjudicar a la empresa o a terceros.
El segundo deber consiste en observar las medidas de prevención de riesgos laborales adoptadas por la empresa. Esta obligación resulta fundamental para garantizar la seguridad y salud en el entorno laboral, siendo una responsabilidad compartida entre empresa y trabajador. Según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cumplimiento de estas medidas ha contribuido a reducir significativamente la siniestralidad laboral en España durante el último quinquenio 2020-2025. El tercer deber establece la obligación de cumplir las órdenes e instrucciones del empresario dentro del marco de sus facultades directivas.
Este principio reconoce el poder de dirección empresarial, siempre que se ejerza dentro de los límites legales establecidos y respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. No obstante, conviene recordar que el trabajador puede negarse a cumplir órdenes que impliquen actividades ilícitas o que pongan en riesgo su integridad física. El cuarto deber básico prohíbe al trabajador competir con la actividad de la empresa en los términos fijados legalmente. Esta obligación de no concurrencia busca evitar conflictos de interés y proteger los legítimos intereses empresariales. Los tribunales han interpretado que este deber abarca tanto la competencia directa como indirecta, incluyendo actividades que puedan desviar clientela o aprovechar información confidencial de la empresa.
El quinto deber exige al trabajador contribuir a la mejora de la productividad, lo que implica un compromiso activo con la eficiencia y rendimiento en el desempeño laboral. Esta obligación cobra especial relevancia en el contexto económico actual, donde la competitividad empresarial resulta determinante para la sostenibilidad de muchos negocios. Finalmente, el sexto deber establece la obligación de cumplir con cuantas obligaciones deriven del contrato de trabajo. Esta cláusula de cierre permite incorporar deberes específicos acordados entre empresa y trabajador, siempre que no contravengan la normativa laboral ni los derechos fundamentales.
Los expertos en derecho laboral señalan que esta disposición otorga flexibilidad a la relación laboral, permitiendo adaptarla a las particularidades de cada sector y puesto de trabajo. La aplicación práctica de estos deberes básicos se materializa en el día a día de las relaciones laborales. Por ejemplo, el deber de diligencia implica que un trabajador debe realizar sus funciones con el cuidado y atención necesarios, evitando errores por negligencia o desinterés. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, los trabajadores no solo deben acatar las medidas establecidas, sino también colaborar activamente en su implementación.
Esto incluye utilizar correctamente los equipos de protección individual, informar sobre situaciones de riesgo y participar en la formación específica. La Inspección de Trabajo ha intensificado en los últimos años los controles en esta materia, imponiendo sanciones tanto a empresas como a trabajadores que incumplen sus respectivas obligaciones en materia preventiva. Respecto al deber de no competencia, cabe destacar que puede reforzarse mediante pactos específicos incluidos en el contrato, como el pacto de no competencia post-contractual, que extiende esta obligación durante un período determinado tras la finalización de la relación laboral a cambio de una compensación económica adecuada.
¿Qué ocurre si se incumplen los deberes laborales?
El incumplimiento de los deberes básicos establecidos en el artículo 5 puede acarrear diversas consecuencias disciplinarias para el trabajador. El Estatuto de los Trabajadores contempla en su artículo 54 las causas de despido disciplinario, entre las que se encuentran la transgresión de la buena fe contractual, la indisciplina o desobediencia, y la disminución continuada y voluntaria del rendimiento, todas ellas directamente relacionadas con los deberes básicos establecidos en el artículo 5.
Además del despido, el incumplimiento de estos deberes puede dar lugar a sanciones menos graves, como amonestaciones, suspensiones de empleo y sueldo, o incluso responsabilidades civiles cuando el incumplimiento cause daños a la empresa o a terceros. Especialmente relevante resulta la responsabilidad derivada del incumplimiento de las normas de prevención, que puede llegar incluso al ámbito penal en casos de especial gravedad o negligencia temeraria.
En definitiva, el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores configura un marco básico de obligaciones que todo empleado debe conocer y respetar. Su correcta aplicación contribuye al buen funcionamiento de las relaciones laborales, beneficiando tanto a trabajadores como a empresas, y su incumplimiento puede acarrear graves consecuencias profesionales y personales. Por ello, resulta fundamental que todos los agentes implicados en el ámbito laboral conozcan adecuadamente tanto sus derechos como sus obligaciones para garantizar un entorno de trabajo justo, seguro y productivo.