La Ley de Segunda Oportunidad está experimentando un auge sin precedentes en España. Vigente desde 2015, esta normativa que permite a personas físicas cancelar sus deudas y recomenzar su vida financiera ha pasado de ser una herramienta especializada a convertirse en un recurso ampliamente conocido. El notable incremento de solicitudes tras la reforma concursal 16/2022 ha llevado a empresas como pfsTECH a desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas que ayudan a equilibrar la función social de la ley con la protección necesaria frente a posibles usos fraudulentos.
Según los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados españoles registraron 18.017 concursos de acreedores durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un significativo aumento del 37 % respecto al mismo período de 2024. Este crecimiento viene impulsado principalmente por los procedimientos iniciados por personas físicas no empresarias, que se han disparado un 61 % en el primer semestre de 2025, alcanzando los 24.432 casos. Cataluña lidera este fenómeno con 6.108 concursos (25 % del total), seguida por Madrid (3.761 concursos, 15 %), Andalucía (3.356 concursos, 14 %) y la Comunidad Valenciana (3.038 concursos, 12 %).
El Observatorio de Insolvencia Personal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) estima que aproximadamente el 95% de estos procedimientos se resuelven favorablemente para los solicitantes, quienes logran liberarse de sus cargas financieras y comenzar de nuevo. La democratización del acceso a este mecanismo legal supone una valiosa oportunidad para miles de ciudadanos atrapados en situaciones económicas insostenibles, aunque también ha generado nuevos desafíos para el sistema.
La tecnología como respuesta a un fenómeno en expansión
El aumento exponencial de solicitudes ha provocado que incluso rostros mediáticos como Bertín Osborne o Los Morancos hayan respaldado públicamente despachos especializados en estos procesos. Sin embargo, esta popularización ha traído consigo algunos casos de uso indebido de una medida inicialmente pensada para autónomos según la directiva europea, situación que está generando un impacto considerable en las cuentas de resultados de entidades financieras y crediticias.
En este contexto, pfsTECH ha desarrollado sistemas basados en inteligencia artificial que permiten analizar en tiempo real qué deudores han iniciado un proceso concursal. Estas herramientas generan alertas que facilitan una respuesta oportuna: desde la detección de solicitudes potencialmente fraudulentas hasta el ajuste de provisiones, pasando por la defensa activa de los intereses de las entidades cuando existen indicios de irregularidades.
«Nuestros clientes necesitan soluciones que automaticen tareas hasta ahora manuales, como la redacción de escritos de comunicación de créditos o la decisión sobre si conviene personarse en un procedimiento concursal», explican desde la compañía. «Pero también nos piden ir más allá, con sistemas capaces de detectar anomalías, anticipar riesgos y optimizar recursos».
Cambio de paradigma en la gestión de concursos personales
Durante años, muchas entidades acreedoras optaban por no personarse en los procedimientos concursales de personas físicas, asumiendo la pérdida como inevitable. Sin embargo, el aumento de casos y la creciente sofisticación de algunas solicitudes han transformado esta dinámica. Actualmente, defender los propios intereses no implica necesariamente obstaculizar los procesos, sino garantizar que se desarrollen con transparencia y equidad.
Uno de los aspectos fundamentales identificados por pfsTECH es la detección temprana del inicio de un concurso, lo que permite tanto la comunicación formal al juzgado como la correcta clasificación contable del riesgo. Este paso, aparentemente sencillo pero crucial, puede marcar una diferencia significativa para las entidades financieras, no solo reduciendo la carga operativa sino también ofreciendo protección ante posibles solicitudes indebidas futuras.
El potencial de la inteligencia artificial va más allá del mero seguimiento. Con un histórico suficiente de datos, estas tecnologías permiten desarrollar modelos predictivos capaces de identificar patrones de comportamiento de riesgo. El objetivo no es excluir a priori a determinados perfiles, sino optimizar las políticas de prevención, anticiparse a situaciones complejas y fundamentar mejor las decisiones de concesión de crédito.
El futuro de la Ley de Segunda Oportunidad
La reforma concursal de 2022 amplió significativamente el alcance de esta normativa, incluyendo entre las deudas exonerables aquellas contraídas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, además de introducir la posibilidad de exoneración sin necesidad de liquidar el patrimonio del concursado. Estos cambios han hecho la ley más accesible y efectiva, pero también han generado nuevos retos en su aplicación.
La tecnología desarrollada por pfsTECH no pretende cuestionar la existencia de esta importante herramienta legal, sino más bien dotarla de mecanismos que garanticen su correcto funcionamiento y eviten desviaciones que podrían, a largo plazo, perjudicar tanto a los acreedores como a quienes realmente necesitan este recurso para rehacer sus vidas financieras.
"Estamos trabajando para construir una vía que sea justa tanto para quien necesita empezar de nuevo como para quien prestó confianza", señalan desde pfsTECH, empresa que se ha posicionado como un referente en la aplicación de tecnologías avanzadas al ámbito de la gestión concursal.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de Segunda Oportunidad, formalmente incorporada al ordenamiento jurídico español en 2015, representa un mecanismo legal diseñado para permitir a personas físicas sobreendeudadas liberarse de sus cargas financieras y empezar de nuevo. Inspirada en modelos anglosajones como el fresh start, esta normativa responde a la necesidad de ofrecer salidas dignas a quienes se encuentran en situaciones económicas insostenibles, evitando la exclusión social y facilitando su reincorporación al sistema productivo.
La reforma introducida mediante la Ley 16/2022 supuso un punto de inflexión al ampliar significativamente su ámbito de aplicación e incorporar deudas públicas que anteriormente quedaban excluidas de la exoneración. Asimismo, simplificó los procedimientos y estableció vías alternativas a la liquidación patrimonial, haciendo la herramienta más accesible para un mayor número de ciudadanos.