En la actualidad, el uso del dinero en efectivo en España sigue menguando, afectando directamente a la libertad de pago de los consumidores en establecimientos comerciales. A pesar de que todavía es un método ampliamente aceptado, Hacienda recuerda que uno de cada tres compradores ha tenido que cambiar su forma de pago al no poder utilizar efectivo como preferían.
Este fenómeno coincide con la creciente digitalización de los métodos de pago, donde las tarjetas físicas pierden protagonismo frente a las opciones digitales, como pagos mediante teléfono móvil o dispositivos inteligentes como relojes. Sin embargo, no todo está permitido ni libre de restricciones, y algunas limitaciones legales aún regulan cuándo se puede o no usar dinero en metálico. En ese contexto, Hacienda han recordado que sólo existen dos situaciones específicas en las que los comercios — ya sean tiendas, bares, restaurantes o farmacias — pueden negarse legítimamente a aceptar pagos en efectivo, evitando incumplir la normativa vigente.
Uso limitado del efectivo en determinados supuestos
Según la actual legislación española, una tienda está autorizada a no aceptar pagos en efectivo superiores a 50 monedas o cuando se intente abonar una compra con más de 1.000 euros en metálico. Este último es el tope establecido por ley que impide realizar pagos en efectivo superiores a dicha cantidad para prevenir el fraude fiscal y promover la transparencia en las transacciones económicas.
Además de estas dos excepciones, la norma general consiste en que los comercios deben aceptar el dinero en efectivo siempre bajo cualquier circunstancia. Denegar esta forma de pago sin motivo es ilegal y podría suponer sanciones según la Ley 7/2012, cuyo objetivo es justamente regular los pagos en efectivo para combatir el fraude y proteger los derechos de los consumidores.
La realidad de los pagos con tarjeta en España
Respecto a los pagos con tarjeta, entre las novedades más importantes está que el llamado cobro mínimo para usar tarjeta es legal sólo hasta un límite de 30 euros, tal como establece el Real Decreto-ley 19/2018. Esto quiere decir que cualquier establecimiento puede pactar un importe mínimo para el pago con tarjeta, pero nunca superior a ese umbral. Además, la obligación de disponer de datáfono no es exigible para todos los comercios. En caso de que un lugar no cuente con este sistema para aceptar pagos con tarjeta por encima de los 30 euros, está obligado a ofrecer una alternativa para poder abonar el importe en efectivo.
Un aspecto crucial es que, según el artículo 12 del Real Decreto-ley 8/2014, ningún establecimiento puede cobrar una comisión adicional por pagar con tarjeta en lugar de utilizar dinero en efectivo. La intención es evitar que el consumidor soporte cargos por elegir medios electrónicos para sus compras, garantizando así una competencia justa entre ambas modalidades.
Esta regulación es vital porque, aunque algunos comercios intenten imponer gastos extra por pagos con tarjeta, legalmente está prohibido y el consumidor tiene derecho a realizar pagos sin coste adicional. Por tanto, es imprescindible que los usuarios conozcan esta protección y no acepten abusos.
Falta un tercer caso y es cuando eres socialista corrupto y entregas en la misma sede del Psoe sobres con dinero a ciertas personas, Sánchez incluido ,que ya lo ha reconocido.