En 2025, las ayudas por desempleo destinadas a personas con responsabilidades familiares experimentan una reforma profunda que afecta tanto la duración como los importes de los subsidios. Este reajuste busca responder a la realidad de quienes no cumplen los requisitos para la prestación contributiva tradicional pero requieren un apoyo adicional para afrontar su situación económica.
El público objetivo de esta medida son los trabajadores que han cotizado durante un mínimo de 90 días, pero que no alcanzan los 360 días necesarios para obtener la prestación contributiva estándar. Además del requisito base, quienes quieran solicitar esta ayuda deben estar registrados como demandantes de empleo ante los servicios autonómicos correspondiente, y aceptar el correspondiente acuerdo de actividad o BAE.
El esquema de los nuevos subsidios contempla un sistema escalonado de duración y cuantías, que varían según el número de días cotizados y la presencia de cargas familiares, especialmente hijos a cargo. Estas modificaciones afectan a miles de solicitantes en toda España, quienes ven alterado el panorama de las prestaciones por desempleo.
El cambio más destacado que ha comunicado el SEPE implica que los beneficiarios con al menos 180 días cotizados y responsabilidades familiares pueden acceder a un subsidio máximo de 21 meses. Este plazo es un aumento respecto a regulaciones previas que no extendían tanto la duración en función de las cargas familiares.
La prestación se estructura en tres tramos temporales con importes que decrecen de forma escalonada para ajustar la ayuda a la trayectoria del beneficiario. En los primeros seis meses se concede un importe situado en el 95 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), equivalente a aproximadamente 570 euros mensuales. Desde el séptimo hasta el mes doce, la cuantía baja al 90 % del IPREM, cerca de 540 euros, y a partir del mes 13 y hasta completar el total, los perceptores reciben un 80 % del IPREM, lo que supone unos 480 euros.
Esta variación progresiva en el subsidio pretende incentivar la búsqueda activa de empleo mediante el acuerdo de actividad, pero también garantiza un apoyo significativo a quienes demuestran cargas familiares, contribuyendo a mitigar el impacto económico que representa la ausencia de ingresos.