El año 2026 se perfila como un período decisivo para la sanidad española, con múltiples iniciativas legislativas en marcha que buscan transformar profundamente el Sistema Nacional de Salud (SNS). Algunas de estas propuestas ya avanzan en el Parlamento, mientras que otras aguardan su turno para iniciar el proceso de tramitación en los próximos meses. Entre los proyectos más destacados figura la ley que restaurará la universalidad del SNS, un derecho que fue recortado en 2012 durante la crisis económica. Paralelamente, se impulsa una normativa para blindar la gestión pública de los servicios sanitarios y frenar la privatización, especialmente tras el escándalo del Hospital de Torrejón en Madrid, que puso de manifiesto las deficiencias del modelo de gestión mediante conciertos.
Las medidas preventivas contra el tabaco y el alcohol ocupan también un lugar central en la agenda sanitaria, con leyes específicas que pretenden reducir drásticamente el consumo de estas sustancias, especialmente entre la población más joven. A esto se suma una revolución en la política farmacéutica que busca mejorar el acceso a medicamentos y reducir la dependencia exterior.
Recuperación de la universalidad sanitaria
La Comisión de Sanidad del Congreso debate actualmente, mediante procedimiento de urgencia y con competencia legislativa plena, la ley de universalidad que llegó a la Cámara en mayo de 2024. Desde entonces, el proyecto acumula 57 ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que refleja la complejidad del debate parlamentario. El objetivo principal de esta normativa es restituir el derecho a la asistencia sanitaria a todos los migrantes que vayan a residir en España, independientemente de su situación administrativa. También contempla garantizar la atención a los españoles residentes en el extranjero y a los extranjeros que lleguen por reagrupación familiar, colectivos que habían quedado desprotegidos tras las reformas de 2012.
Complementariamente, el Ministerio elaboró un real decreto que finalizó su fase de consulta pública en octubre de 2024, diseñado para eliminar todas las trabas administrativas que aún dificultan el acceso al sistema sanitario de determinados colectivos, especialmente población migrante. Esta medida responde a las denuncias de organizaciones sociales sobre las barreras burocráticas que, en la práctica, impiden el ejercicio efectivo del derecho a la salud.
Blindaje de la gestión pública
Aprobado por el Gobierno en junio de 2024, el proyecto de ley de equidad y cohesión del SNS se encuentra en fase de enmiendas, con casi 60 ampliaciones del plazo. Esta norma pretende proteger la gestión pública de los servicios sanitarios frente a la privatización y eliminar los copagos que aún persisten en determinadas prestaciones. Entre los copagos que desaparecerían están los aplicados al transporte sanitario no urgente y productos ortoprotésicos, medidas que beneficiarían especialmente a personas mayores y pacientes crónicos que requieren desplazamientos frecuentes a centros sanitarios.
En un estadio más inicial se encuentra la ley de gestión pública y de integridad del SNS, con la que el Ministerio pretende limitar drásticamente el alcance de los conciertos sanitarios. Esta normativa busca derogar la Ley 15/1997, que en su momento abrió las puertas a los grandes grupos privados en la gestión de centros públicos. El Gobierno prevé llevar este proyecto al Consejo de Ministros en enero de 2026, tras la aceleración impulsada por el escándalo del Hospital de Torrejón.
Ofensiva contra el tabaco y los vapeadores
La reforma de la ley antitabaco actual superó su primera vuelta en septiembre de 2024 y actualmente está recopilando los informes preceptivos de organismos como el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De aprobarse, esta normativa equiparará los vapeadores al tabaco convencional en todos los aspectos, aplicándoles las mismas restricciones publicitarias, de venta y de consumo. La medida responde al alarmante incremento del uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes, que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
La ley ampliará significativamente los espacios libres de humo en España, incluyendo terrazas de hostelería, marquesinas de transporte público, campus universitarios, playas, parques infantiles y accesos a edificios públicos. Esta extensión de las zonas sin humo busca proteger especialmente a menores y personas no fumadoras de la exposición al humo ambiental.
Restricciones al consumo de alcohol
La Comisión de Sanidad debate desde marzo de 2024 una ley destinada a frenar el consumo de alcohol entre menores, aunque sin el procedimiento de urgencia aplicado a otras iniciativas. La propuesta ministerial va más allá de la prohibición de venta, que ya existía, para vetar directamente el consumo entre menores. La normativa prohibirá beber en lugares mayoritariamente frecuentados por población infantil y juvenil, como parques, instalaciones deportivas o áreas recreativas. También vetará la publicidad y el patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas en la vía pública a menos de 150 metros de centros educativos, sanitarios, sociosanitarios, parques o lugares de ocio infantil.
Revolución en la política farmacéutica
En diciembre de 2024, el Ministerio inauguró la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, que fomenta la inversión en investigación y desarrollo, asegura la autonomía estratégica para evitar dependencias de terceros países y potencia el uso de medicamentos genéricos y biosimilares. El pilar fundamental de esta política es la nueva ley del medicamento, que mejorará el acceso mediante un sistema renovado de fijación de precios, el impulso a genéricos y biosimilares, y medidas innovadoras como la prescripción enfermera y fisioterapeuta, la receta por principio activo o la sustitución farmacéutica en la oficina de farmacia.
Paralelamente, el Ministerio ultima el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que reducirá por debajo de 180 días el tiempo que transcurre desde que un fármaco obtiene la aprobación europea hasta que España decide sobre su precio y financiación pública. Esta medida busca acelerar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras, especialmente en enfermedades graves.
Reforma del estatuto marco y conflicto con médicos
La reforma del estatuto marco avanza tras varios desencuentros previos con los sindicatos del ámbito de negociación. Actualmente, tanto el Ministerio como las organizaciones sindicales mayoritarias vaticinan un acuerdo próximo que modernizará las condiciones laborales del personal sanitario. Sin embargo, las organizaciones sindicales médicas se mantienen al margen y auguran un comienzo de 2026 marcado por protestas para reivindicar una regulación específica para la profesión médica, al considerar que sus particularidades no quedan suficientemente recogidas en el estatuto general. Entre los proyectos ya aprobados que aguardan su puesta en marcha figura la Agencia Española de Salud Pública (Aesap), actualmente inmersa en el proceso de selección de sede. Este organismo centralizará la vigilancia epidemiológica, la prevención y la respuesta ante emergencias sanitarias, aplicando las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19.
Por lo que se ve, camuflan la ley de dar Servicios a migrantes, con la de prohibición y vetos al alcohol y tabaco-vapeadores. Como siempre este gobierno mezclando leyes para así aprobarlas engañosamente. No es ni la primera, ni la última vez que lo hagan. Siempre con, mentiras, bulos…