El Ejecutivo ha aprobado un anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo que modifica sustancialmente las prácticas bancarias en España. A partir de la entrada en vigor de esta normativa, las entidades financieras quedan obligadas a obtener el consentimiento expreso y previo de los clientes antes de emitir tarjetas de crédito o incrementar los límites de las ya existentes. Esta medida busca frenar el sobreendeudamiento de los consumidores y poner fin a prácticas comerciales que han generado controversia durante años.
La nueva legislación establece de manera clara que «toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso» queda totalmente prohibida. Con esta decisión, el Gobierno pretende evitar situaciones en las que los usuarios se encuentran con productos financieros activos que nunca pidieron, lo que en muchas ocasiones ha derivado en endeudamientos no deseados. No obstante, la ley matiza que esta prohibición no impide que los prestamistas anuncien u ofrezcan créditos preautorizados, ya que el objetivo no es limitar la oferta comercial sino la activación unilateral de mecanismos de financiación.
El anteproyecto, que transpone dos directivas europeas, regula la financiación al consumo en sentido amplio: préstamos personales, pagos fraccionados, microcréditos, créditos rápidos y sus variantes. Por primera vez, incluye también los modelos conocidos como buy now, pay later, que han experimentado un notable crecimiento en los últimos años especialmente entre el público más joven. Además de la prohibición de emisión no solicitada, el anteproyecto introduce un nuevo límite al coste del dinero en productos como las tarjetas revolving, que han sido objeto de numerosas sentencias judiciales por sus elevados intereses.
La norma impone topes claros al coste de los descubiertos bancarios, esas situaciones en las que la cuenta corriente queda en números rojos y el banco cobra comisiones e intereses. Otra novedad relevante es la extensión de la supervisión del Banco de España a las empresas que conceden créditos de consumo, un ámbito que hasta ahora contaba con menos control que la banca tradicional. Esta medida afecta especialmente a plataformas de financiación online y entidades no bancarias que operan en el sector del crédito rápido. Con ello, se pretende garantizar que todas las empresas del sector cumplan con los mismos estándares de transparencia y protección al consumidor.
Obligaciones de transparencia reforzadas
La nueva ley refuerza las obligaciones de transparencia que deben cumplir las entidades financieras. Los contratos de crédito deberán incluir información clara y comprensible sobre el coste total, la TAE (Tasa Anual Equivalente), las condiciones de pago y las consecuencias de los impagos. Esta información deberá facilitarse con la antelación suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión informada. Las entidades bancarias tendrán que evaluar de forma rigurosa la solvencia de los solicitantes antes de conceder cualquier tipo de crédito, incluyendo las tarjetas de crédito.
Esta evaluación deberá basarse en información actualizada y suficiente sobre los ingresos y gastos del consumidor, evitando así la concesión de créditos a personas que no tienen capacidad real de devolución. Con esta normativa, se pone fin a prácticas en las que las entidades activaban líneas de financiación de forma unilateral, a menudo vinculadas a paquetes comerciales o promociones. Muchos consumidores se han encontrado en el pasado con tarjetas de crédito no solicitadas o con aumentos de límite que nunca pidieron, lo que facilitaba el acceso al crédito pero también incrementaba el riesgo de endeudamiento excesivo.
Las asociaciones de consumidores han valorado positivamente esta medida, aunque señalan que será fundamental vigilar su correcta aplicación por parte de las entidades financieras. Desde el sector bancario, por su parte, se reconoce que la normativa obligará a modificar algunos procesos comerciales y sistemas informáticos para adaptarse a los nuevos requisitos de consentimiento expreso. Los contratos de crédito al consumo son acuerdos mediante los cuales una entidad financiera pone a disposición de un consumidor una cantidad de dinero que éste deberá devolver en un plazo determinado, generalmente con intereses.
Este tipo de contratos incluye una amplia variedad de productos: desde los préstamos personales tradicionales hasta las tarjetas de crédito revolving, los créditos rápidos y, más recientemente, los sistemas de «compra ahora, paga después». En España, estos productos están regulados por normativa específica que ahora se actualiza para adaptarse a las directivas europeas y reforzar la protección de los consumidores. La regulación establece límites a los importes, obliga a proporcionar información precontractual clara y fija derechos como el de desistimiento o la amortización anticipada sin penalización excesiva.
Efectos de la ley
Las tarjetas revolving, caracterizadas por permitir aplazar el pago de las compras con intereses habitualmente elevados, quedan especialmente afectadas por esta normativa. Además de la prohibición de emisión sin consentimiento expreso, el anteproyecto establece límites específicos al coste de este tipo de productos, que en ocasiones han llegado a superar el 20% de TAE.
Con la nueva ley, se pretende evitar que los abusos se produzcan desde el origen, estableciendo un marco legal más estricto que proteja a los usuarios de intereses desproporcionados. Los sistemas buy now, pay later (compra ahora, paga después) son modelos de financiación que permiten adquirir productos y pagarlos en plazos, generalmente sin intereses si se cumplen los plazos establecidos. Estas plataformas, muy populares en el comercio electrónico, ofrecen fraccionamiento de pagos de forma instantánea en el momento de la compra, sin necesidad de disponer de una tarjeta de crédito tradicional.
Aunque pueden resultar convenientes para los consumidores, también entrañan riesgos de sobreendeudamiento, especialmente entre los jóvenes que pueden acumular múltiples compras aplazadas sin ser plenamente conscientes del total de sus obligaciones de pago. Por ello, su inclusión en la nueva normativa busca garantizar que estas empresas cumplan con los mismos estándares de transparencia y evaluación de solvencia que el resto del sector financiero.